Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El rescate más caro

El caso de Catalunya Banc confirma que los contribuyentes han pagado la crisis de las cajas

Catalunya Banc, la caja en quiebra vendida al BBVA por 1.187 millones, puede considerarse ya como lo peor de lo peor de la crisis bancaria española, provocada por la pésima gestión financiera de las entidades afectadas durante el boom de la construcción. Los disparates cometidos por los directivos de la entidad —exposición al ladrillo, activos tóxicos, rigor inexistente en la concesión de préstamos—, más la poca fortuna del último equipo de dirección a la hora de mejorar los balances, le han costado al contribuyente casi 12.000 millones. Probablemente sea el rescate más caro, puesto que de Bankia podrá recuperarse un porcentaje mayor del total aportado. La factura global de la crisis bancaria incluye inyecciones de dinero público de más de 61.000 millones, de los cuales se han recuperado 1.760 millones hasta junio, según el Banco de España. El balance es provisional; queda por decidir el coste del Banco Mare Nostrum. Pero ya se puede concluir que los ciudadanos han pagado el hundimiento de las cajas de ahorros.

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Por tanto, una primera conclusión es que, aunque no fuese su responsabilidad directa, el Gobierno no estuvo muy acertado al pronosticar que la crisis bancaria no tendría coste para los ciudadanos. A diferencia de los rescates en otros países, donde los Estados han conseguido recuperar el dinero adelantado —a veces incluso con beneficio—, en España las ayudas públicas se han perdido en su mayor parte. Solo con mucho optimismo podría decirse que la reestructuración bancaria ha sido un éxito.

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Los contribuyentes perciben además que los causantes directos de la quiebra —en Catalunya Banc y en otros casos— se han retirado a su vida privada sin que medien investigaciones de fondo sobre las prácticas que condujeron al desastre ni un examen judicial que determine sus responsabilidades. Pocas lecciones pueden sacarse de la crisis, salvo la desaparición cataclísmica de un tercio del sistema, lo que se ha cargado plenamente sobre las espaldas de los ciudadanos sin compartirlo al menos en parte con los principales responsables.

La venta de Catalunya Banc plantea más interrogantes. Algunas son de orden estrictamente operativo. Por ejemplo, es muy probable que el comprador inicie un ajuste drástico en oficinas y empleo de la entidad adquirida para rentabilizar el coste de la operación. La entidad catalana apenas genera resultados típicos y la calidad de sus activos todavía es mediocre. La incorporación de la cartera de clientes no parece justificar el precio pagado.

Por otra parte, la práctica desaparición de las cajas de ahorros españolas supone un desafío para el regulador bancario (Banco de España). La autoridad regulatoria está obligada a una vigilancia más estricta de las reglas de competencia en el mercado bancario. No es lo mismo gestionar la competencia donde operan 40 entidades que donde actúan tres o cuatro. Los efectos sobre la calidad del servicio bancario prestado a los usuarios, los precios, comisiones y retribuciones de los depósitos deben seguirse con atención.

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