La ‘tasa Mato’ y la pobreza

Los demoledores informes sobre la pobreza infantil han llevado al Gobierno (por fin) a adoptar medidas. La ministra Ana Mato ha tardado siete meses en trazar un plan para decidir cómo se distribuirán los 16 millones de euros previstos para intentar mitigar los efectos que la crisis está causando entre la población más joven y cubrir las necesidades básicas de las familias. Pero el resultado del plan no ha gustado a casi nadie.

Las comunidades autónomas con mayor número de habitantes han encabezado la rebelión. Aseguran que el método de reparto es “una chapuza” porque atiende básicamente al indicador europeo Arope (Erpe en castellano: personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), que se elabora conforme a tres variables: quienes viven con bajos ingresos, sufren privaciones materiales severas o son hogares con alta densidad de paro entre sus miembros.

El polémico baremo, sin embargo, ignora la demografía. Así es que, siguiendo la línea Arope, a Ceuta, por ejemplo, le corresponde más dinero que a Andalucía (1,3 millones de euros para la ciudad autónoma y 1,2 para la comunidad más poblada de España).

Tener en cuenta solo la tasa de pobreza de una región marginando el número de pobres que viven en su territorio no parece una solución ni equilibrada ni proporcional ni justa. Con la calculadora Arope en la mano, un menor que esté en riesgo de exclusión social en La Rioja recibiría 55 euros mientras que si vive en Cataluña serían 2,2; y si reside en Andalucía le correspondería una ayuda de 1,9 euros.

Se escuda el Gobierno en que la distribución se ha hecho conforme al indicador europeo y que el sistema fue consensuado con las comunidades autónomas. Es cierto que cada una intenta arrastrar el agua a su molino y defiende los parámetros que más le benefician: unas quieren que prime la renta, otras abogan por la población y no faltan quienes defienden que se tenga en cuenta la dispersión. Más allá del (interminable) barullo de los baremos y de la polvareda que ha levantado la tasa Mato, lo importante es que España deje de ser el segundo país con más pobreza infantil en toda Europa.