Visita de médico

Jonathan Powel, ex jefe de gabinete de Tony Blair, y Martin McGuinness, Primer Ministro Adjunto del Gobierno de Irlanda del Norte, se entrevistaron el miércoles con representantes del Gobierno vasco y de media docena de partidos vascos y navarros para conocer sus opiniones sobre como revitalizar el languideciente proceso de formalización de la disolución de ETA, pendiente sobre todo de la entrega de las armas. La novedad de la vertiginosa visita fue que resucitaron la idea de plantear a los participantes en la conferencia de Aiete que precedió al cese de la actividad armada de ETA, en octubre de 2011, la posibilidad de constituir una comisión de seguimiento de lo entonces acordado; es decir, de las recomendaciones de diálogo para resolver la cuestión de los presos y alcanzar “una paz duradera”.

Tal comisión ya figuraba en el escrito de Aiete, pero nadie la ha echado en falta una vez evidenciado que el cese era real y definitivo, como constata el Informe anual sobre Seguridad Nacional presentado la semana pasada al Rey. Ese documento considera improbable una vuelta del terrorismo o una escisión de ETA pero también afirma que no tiene intención de disolverse sino de perpetuarse como grupo político.

En un escrito interno de 2009 la banda advertía que no entregaría nunca las armas, sino que las guardaría, y que no desaparecería sino que “continuaría como organización política dentro de la izquierda abertzale hasta que otro tipo de situación y debates digan lo contrario”. Durante años se pensó que de una u otra forma los últimos etarras se incorporarían a su brazo político tras el fin del terrorismo. Pero los últimos papeles internos conocidos más bien indican que piensan mantener las siglas como organización política, seguramente para intentar convencerse de que nunca dejaron de serlo, aunque en un periodo practicaran la estrategia armada.

Es incoherente decir que abandona las armas definitivamente pero las conserva o condiciona su entrega a concesiones que habrán de negociarse. Esa pretensión es el principal obstáculo para abordar la cuestión de los presos, y es la razón de que tanto el PNV como los socialistas hayan mantenido una actitud distante con los mediadores, incitándoles a poner el acento menos en las demandas al Gobierno sobre presos que en la exigencia a ETA de que cumpla su compromiso de iniciativas unilaterales de desarme; y a Sortu, que se lo reclame públicamente.