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EDITORIAL

Peligrosa sentencia

Es inaceptable que, con argumentos delirantes, los jueces justifiquen claros actos de intimidación

Un tribunal de la Audiencia Nacional ha dado un salto peligroso en la línea de defensa de las acciones de “democracia directa” contra representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Para ello absuelve a 19 de los 20 acusados de entorpecer el acceso del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de numerosos diputados al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011; en parte, por no considerar suficientemente acreditada la participación de los implicados pero, sobre todo, porque dos de los tres jueces consideran “obligado” admitir excesos en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación “si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica”, lo que puede interpretarse como un aval a los actos de intimidación.

Sostienen tales jueces el delirante argumento de que el espacio público está “delimitado y controlado por los medios de comunicación, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas”. ¿Qué tiene que ver esa palabrería con los golpes contra el coche del presidente de la Generalitat y el acoso a decenas de diputados; con tirarles líquidos a sus trajes; con pintarrajear a alguno de ellos; con acometerles físicamente en algún caso, y en otros de forma verbal? A dos de los tres miembros del tribunal les parece bien “ponerse delante de los diputados con los brazos abiertos o caminar detrás de ellos con los brazos en alto, al tiempo que se coreaban las consignas sobre el recorte presupuestario o la falta de legitimidad de la representación que ostentaban”, según escriben en su sentencia: lo consideran “conductas íntima e inequívocamente conectadas con el derecho a la protesta que allí se ejercitaba”.

Contraponer “democracia directa” a “democracia representativa” es la gran consigna populista que recorre Europa, animada, sobre todo, por movimientos extremistas. Resulta ridículo haber condenado a uno solo de los participantes —a una pena tan liviana como permanecer cuatro días localizado—, pero es mucho más inquietante justificar los excesos cometidos, como lo hacen los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández Prado, de los que ha disentido Fernando Grande-Marlaska, para quien hay pruebas suficientes para condenar a una decena de implicados.

Los derechos de reunión y expresión son inherentes a la democracia. Nada hay que decir sobre una protesta contra los recortes del gasto social, si se hubiera producido de forma “pacífica”, como dice la Constitución. Tampoco hay reproche alguno que hacer a la mayoría de los manifestantes, que se abstuvieron de coacciones (y algunos trataron de contenerlas). Es cierto que las penas requeridas eran discutibles —la fiscalía pidió hasta cinco años de prisión— y que en su día se cuestionó la actuación de los Mossos d’Esquadra en esa jornada. Pero de ahí a justificar a una minoría intimidatoria va una distancia insalvable. Por ahí no se puede pasar.

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