Estímulo, pero pequeño

El Gobierno aprobó ayer la llamada Garantía Juvenil de Empleo, que consiste en una bonificación de 300 euros mensuales durante seis meses a las empresas que ofrezcan contratos de formación, de prácticas o de empleo a jóvenes de entre 16 y 24 años. La iniciativa, financiada con dinero europeo, responde a la necesidad urgente de frenar la alarmante escalada del paro juvenil y, sin duda, en algo contribuirá a mejorar la situación laboral de los jóvenes. Pero, si bien es mejor contar con esta disposición que lamentarse por la ausencia de medidas específicas, conviene no depositar esperanzas excesivas en su impacto. Ayudará a limitar el daño de la recesión en el segmento de la población activa joven, aunque no es fácil que suponga una mejora importante y persistente en la ocupación juvenil.

La creación de empleo sólo puede abordarse seriamente mediante acciones contundentes de estímulo de la demanda. Las empresas no se decidirán a crear puestos de trabajo de forma significativa hasta que sus expectativas de ventas y, por tanto de ingresos, sean favorables. Las bonificaciones y las desgravaciones no sustituyen las expectativas de beneficios.

Precauciones similares hay que reclamar respecto al apartado de medidas liberalizadoras expuestas en el Consejo de Ministros. La liberalización de horarios comerciales para diez ciudades españolas es una decisión que responde a la idea de que la libertad de horarios aumenta el negocio y el empleo, pero los empresarios de varios mercados incursos en esa liberalización (en Madrid, por ejemplo) discuten esa correlación. Buena parte de los puntos de negocio no aprecian un crecimiento significativo de las ventas que compense claramente el aumento de los costes que supone la apertura durante más horas y más días.

En todo caso, el impulso liberalizador que necesita la economía española no debe concentrarse en la libertad de horarios, aunque sea un elemento positivo. Se echa de menos una liberalización efectiva en el mercado de los combustibles (gasolina, gasóleos) y en el del gas, tímidamente retocado este último a través de una alicorta liberalización del butano y de disposiciones que se limitan a corregir el déficit incipiente del mercado del gas con subidas automáticas de peajes cuando los ingresos caigan.

Lo que los ciudadanos esperan es, además, una política activa que estabilice los precios medios de los carburantes; y lo que pide la industria es una política racional de precios que frene el elevadísimo coste energético por unidad de producto que pesa sobre la producción española.

Mención aparte merece la unificación del impuesto sobre los depósitos, aplicado de manera desordenada por algunas comunidades autónomas. La iniciativa es loable, pero hay que recordar que supone un impuesto sobre el ahorro —tan escaso en España— que se traslada a los depositantes y que la decisión más racional no es armonizarlo, sino eliminarlo.