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Las mejores y peores decisiones judiciales del año para la igualdad de género

La organización Women's Worldwide falla sus premios anuales Género y Justicia al Descubierto

Alejandra Agudo

Una mujer india de 20 años inició una relación con un hombre de otra localidad distinta de la suya. Por ello, el jefe del pueblo y otros hombres organizaron un Consejo Tribal que condenó a la pareja a pagar 25.000 rupias cada uno (unos 300 euros) al considerar que habían quebrantado los códigos de la comunidad. Como ella, de familia pobre, no pudo hacer frente a la multa, el tribunal local castigó a la joven a una violación colectiva en la que participaron al menos una decena de hombres, algunos de su propia familia. Esta es la peor decisión de todas las que se han tomado por un tribunal en el último año en relación con los derechos de las mujeres y niñas. Así lo ha decidido el jurado de los premios Género y Justicia al Descubierto que otorga la organización Women's Link Worldwide en reconocimiento a las más nefastas y las mejores sentencias en función de si hacen retroceder o avanzar la igualdad de género.

Mientras que el caso anterior ha sido distinguido con el premio Garrote a la peor decisión, el Mallete de Oro —que se otorga al más positivo de los veredictos judiciales— se lo ha llevado el juez James Aaron Makau, titular del Juzgado del Tribunal Superior de Meru (Kenia). En su sentencia del 27 de mayo de 2013, ordenó a la policía del país volver a investigar las denuncias de 11 niñas violadas por sus padres, hermanos, tíos, profesores y vecinos. Y acusó a los funcionarios de ignorar tales denuncias (de las 160 que había presentado la ONG Ripples International en representación de las menores) y contravenir la aplicación de las leyes del país en cuanto a la protección ante la violencia sexual.

"Esta es la primera sentencia en Kenia que directamente responsabiliza a las autoridades policiales por no aplicar las leyes vigentes. En su sentencia el juez destacó que la policía contribuyó a perpetuar una cultura de tolerancia a la violencia sexual y al abuso infantil, por lo que los perpetradores sabían que podían cometer estos delitos sin ningún miedo de captura y persecución. Sin embargo, a partir de ahora, si un funcionario ignora una denuncia de violación va a correr el riesgo de ser arrestado, multado o incluso encarcelado", detalla la organización Women's Link Worldwide en el fallo de sus premios.

El jurado de los galardones Garrote y Mallete está compuesto por activistas, juristas y pensadores involucrados con la defensa de los derechos humanos. En la edición 2014 ha contado con Yvonne Mokgoro, exjuez de la Corte Constitucional de Sudáfrica, Hector Abad Faciolince, escritor y periodista colombiano, y Kerry Kennedy, presidenta del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. Estas han sido las platas y bronces que han otorgado.

El Mallete de plata ha recaído en los jueces Mirza Hussain Haider y Muhammad Khurshid Alam Sarkar, de la Corte Suprema de Bangladesh por cuestionar la validez y el uso continuado de la prueba de los dos dedos en los casos de violación. Se trata de un método médico invasivo por el que el doctor introduce dos falanges en la vagina para determinar si ha habido abuso o no.  El jurado ha considerado muy positiva esta decisión que tuvo como respuesta que el Ministerio de Salud del país haya conformado un comité "para redactar las nuevas directrices". "El borrador preliminar elimina la práctica de este examen y ordena cursos de concienciación para los médicos que atienden víctimas de asalto sexual", subraya el fallo.

La cruz de la medalla de plata, el Garrote en segunda posición, se la lleva una sentencia en Arabia Saudí, donde "una mujer fue condenada a 150 latigazos y a ocho meses de prisión por conducir un automóvil y resistirse al arresto cuando fue detenida por policías locales", detalla.

Ambos bronces viajan a América Latina. En Guatemala recae el Mallete a la mejor tercera decisión judicial en cuanto a la promoción de la igualdad de género. La sentencia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de ese país confirma que las mujeres del grupo étnico maya ixil sufrieron violaciones masivas por parte de los soldados, quienes además practicaban abortos forzados a las embarazadas rajándoles el vientre. Por ello, los jueces Iris Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz, condenaron a 80 años de cárcel a José Efraín Ríos Montt, "quien diseñó y ejecutó una estrategia militar dirigida a masacrar al grupo étnico maya ixil y, en particular, a las mujeres". Así lo explica el jurado de los Premios Género y Justicia al Descubierto.

El Garrote se lo lleva México, donde una niña tzotzil —pueblo indígena— de 14 años fue detenida y multada en Chiapas tras decidir abandonar a su marido y regresar con su familia. Pese a que el juez del caso negó a la prensa que la menor fuera encarcelada, sí reconoció que la pequeña fue vendida por la familia. El jurado de Women's Link Worldwide le considera merecedor de un garrotazo porque no cumplió con su deber al no condenar tal venta. "Ni señala qué medidas tomó para protegerla, como correspondía", se lee en el fallo.

También en México recae el Garrote del Publico, una categoría en la que han votado más de 28.000 personas, según los organizadores de estos galardones. Los internautas han expresado su rechazo a la sentencia que condenaba a la joven Yakiri, de 20 años, a una pena de cárcel por defenderse de su agresor, quien la secuestró y violó. El Mallete a la mejor decisión judicial en este apartado viaja a España. Cae en las manos del juez de Juan Carlos Aparicio, del Juzgado de lo Social número 3 de Almería, quien declaró "huérfana total a la hija de una víctima de violencia de género después de que su madre muriese tras una agresión de su pareja y este ingresase en prisión", apunta el jurado.

Sobre la firma

Alejandra Agudo
Reportera de EL PAÍS especializada en desarrollo sostenible (derechos de las mujeres y pobreza extrema), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras. Antes trabajó en la radio, revistas de información local, económica y el Tercer Sector. Licenciada en periodismo por la UCM

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