¿Cómo pagaremos el bienestar de los niños?
Imagen una campaña de Save the Children en el Reino Unido.
Cuando le pregunté a un amigo fiscalista por sus impresiones acerca de la reforma propuesta por el Gobierno la pasada semana, su respuesta fue la siguiente: "Antes de empezar a hablar de ingresos, me gustaría que nos hubiesen explicado en qué se quieren gastar el dinero". El comentario no puede ser más acertado. El debate fiscal suele estar sujeto a filtros ideológicos poco útiles mediante los cuáles unos son partidarios de incrementar los impuestos siempre y bajo cualquier circunstacia, y otros desean eliminarlos cueste lo que cueste. Pero todo es perfectamente artificial en ausencia de una visión clara de las políticas de gasto: qué queremos y cuánto nos cuesta.
Les propongo un ejemplo ilustrativo: la pobreza de los niños que viven en España. De acuerdo con un imprescindible informe hecho público esta semana por UNICEF, nuestro país se desplaza alegremente hacia la posguerra con niveles de pobreza infantil (riesgo de exclusión) que alcanzan a casi uno de cada tres menores. La inversión de España en este ámbito ha estado sistemáticamente por debajo del esfuerzo medio que realizan los países de la UE (el porcentaje sobre PIB de ayudas monetarias a las familias y a la infancia, por ejemplo, es una tercera parte), y en los últimos años no ha hecho más que descender. De acuerdo con los datos del informe (elaborados por la Fundación Tomillo), la inversión por niño y año se ha reducido de 5.040 euros en 2010 a 4.268 en 2013, una caída del 15% que rompe la tendencia al alza del período 2007-10. La parte del león de este recorte hay que atribuirla a la eliminación del cheque-bebé y a las comunidades autónomas, que conservan la competencia en los principales ámbitos relacionados con la protección de los niños (educación, salud, bienestar y prestaciones sociales).
¿Cómo se explica entonces que el Gobierno haya decidido renunciar a la recaudación de 9.000 millones de euros solo con la rebaja del IRPF? Se explica muy mal. O todo el discurso del PP sobre lo mucho que le importan las familias se reduce a papel (fiscal) mojado, o -lo que es más probable- ni siquiera se han planteado esta cuestión cuando el Presidente decidió cumplir precisamente este compromiso electoral. Qué mala suerte.
La reflexión de mi amigo sigue siendo la fundamental: si sabemos qué sociedad queremos podremos decidir cómo financiarla. El informe de UNICEF despliega una panorama sombrío en el que las privaciones y la falta de expectativas de los niños serán tan devastadoras para ellos como para el resto de la sociedad, cuya economía y demografía dependen de las decisiones que se tomen ahora. Exijamos el debate fiscal serio que exigen los problemas serios. Y no se me ocurre ninguno que lo sea más que esta emergencia nacional.
NOTA: Me consta que la elaboración de estos números ha sido una pesadilla y que deben ser considerados una estimación, aunque se trate de la mejor disponible hasta ahora. La explicación es simple, como ya hemos denunciado antes desde este blog: en el año 2014, en la era del 'big data' y en plena Unión Europea, resulta sencillamente imposible determinar con exactitud cuánto se gastan las administraciones públicas españolas en políticas de infancia y familia.
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