Mínima rectificación

Una de las decisiones más sensatas que debería tomar el Ejecutivo es la de retirar el anteproyecto para la reforma de la ley del aborto. Pero esas no son sus intenciones; todo apunta a una reactivación de ese proyecto para que adquiera fuerza de ley antes de que se echen encima los procesos electorales de 2015. Eso sí, el Ministerio de Justicia parece dejar atrás el discurso anterior de su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, y acepta matizar el trato a la mujer portadora de un feto malformado, a la que se exime del deber de probar que va a sufrir daño psicológico por dar a luz un feto con malformaciones.

La rectificación será insatisfactoria para aquellos sectores que luchan desde siempre contra el derecho al aborto. Pero tampoco convencerá a los que no tienen objeciones morales, o simplemente a los sectores pragmáticos, que conviven cómodamente con la ley en vigor. Se comprende la inquietud del PP ante el precio político que puede costarle la terquedad del Gobierno en rectificar la ley vigente, que fue promulgada en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

Negar a las mujeres el derecho a interrumpir su embarazo, dentro de unos plazos, desafía el sentir mayoritario de la sociedad española. Tampoco es razonable exigir numerosos trámites para llevarlo a cabo en supuestos limitados, entre ellos la obligación de obtener dos dictámenes psiquiátricos diferentes. No menos chocante resulta cargar a los jueces con la decisión de si una menor de 16 o 17 años puede abortar, en caso de que sus padres estén en desacuerdo con ella, regulación que ha sido desaconsejada por el propio Consejo Fiscal.

La prudencia con que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se refiere a la reforma en ciernes confirma los problemas existentes en el partido del Gobierno. La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, conocida por haber roto la disciplina de voto de su partido sobre este asunto en varias ocasiones, expresa su esperanza de que el proyecto “no llegue nunca al Congreso”. Ciertamente, un PP en posible declive electoral tiene por delante problemas mucho más acuciantes que dedicar energías a rehacer el consenso interno sobre el aborto.

Ninguna mujer tiene que interrumpir su embarazo bajo la ley en vigor y, sin embargo, muchas podrían verse obligadas a dar a luz si prosperase una ley como la pretendida. Tampoco hay ningún crecimiento del número de abortos que pudiera justificar la alarma gubernamental; al contrario, evoluciona de modo bastante estable. Mantener la reforma proyectada a machamartillo implica el riesgo de volver a situaciones del pasado: abortos clandestinos con escaso control sanitario, mientras las mujeres con recursos interrumpían sus embarazos no deseados fuera de España. Todo eso carece de sentido en un Estado aconfesional y en una sociedad europea moderna y evolucionada.