Atasco reformador

El impetuoso plan de reformas penales y procesales propiciado desde el Gobierno se arrastra entre polémicas hacia un final de legislatura cada vez más cercano. Aquellas que ya han salido adelante —implantación de las tasas judiciales, drástica limitación de la justicia universal— lo han hecho al coste de múltiples críticas, pero las que se refieren a la ley procesal penal o a la organización de la justicia avanzan muy lentamente o se encuentran empantanadas.

La Administración de justicia atiende ocho millones de asuntos anuales y cada ejercicio termina con dos millones en trámite. La reforma de la Ley del Poder Judicial intenta la concentración de recursos en menos juzgados y tribunales, así como la desaparición de más de 7.000 juzgados de paz. A una reorganización ya compleja de por sí, el Gobierno le ha sumado la atribución de la instrucción de grandes causas y asuntos complejos a órganos de tres magistrados, en vez del único juez instructor que ahora se encarga de conducir cada causa. Se ha justificado esa reforma por la necesidad de acabar con los jueces estrella, pero en realidad hay que hablar de causas estrella, como suelen ser las que afectan al mundo político o empresarial. También permanece confuso el papel del fiscal como conductor de las investigaciones, que ha figurado en algunas de las ideas de reforma y no ha llegado a materializarse.

No están los tiempos como para que la opinión pública acepte maniobras legales que afecten a este tipo de causas. A las críticas a la reforma del Poder Judicial por parte de jueces de la Audiencia Nacional, el órgano donde se instruyen numerosas causas complejas, se suma su resistencia patente a aplicar las limitaciones a la justicia universal, estas últimas tramitadas a la carrera por el Parlamento.

Mientras tanto, el proyecto de reforma del Código Penal ha sido objeto de fuertes críticas por parte de expertos, bien por el endurecimiento de penas previsto —entre ellas la llamada “prisión permanente revisable”—, bien por otras deficiencias. La última procede del Grupo de Trabajo de la OCDE contra la Corrupción, que exhorta a España a “reforzar urgentemente su marco jurídico para la lucha contra la corrupción” y a aplicar la legislación contra sobornos en el extranjero, aspecto este último sobre el que la OCDE se extraña de que no se haya producido “ni una sola acusación” en 15 años. A su vez, las limitaciones a la regulación del aborto presentadas en su día por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, han obligado a librar una larga batalla en el Consejo del Poder Judicial sobre el sentido del informe que debe darse al Gobierno, saldada con una victoria pírrica a favor de la reforma, pero corrigiéndola para pedir la despenalización del aborto si el feto es inviable.

Cuando un Gobierno con mayoría absoluta tiene tantas dificultades, lo más probable es que se haya equivocado al intentar dejar su impronta en solitario, en vez de buscar negociaciones y consensos.