El punto de partida de la política migratoria europea

El pasado 25 de mayo, mientras parte de la ciudadanía dormitaba aún felizmente por la celebración de la final de la Champions League y otra gran parte, según todas las encuestas, habría encontrado ocupaciones mejores que acudir a las urnas para ejercer su derecho a voto, ese mismo día tuvo lugar un “macro vuelo” a Nigeria de ciudadanos de dicho país que residían sin permiso legal en España. Si, a la vista de los acontecimientos ocurridos en nuestro país en los últimos meses, albergaban ustedes la esperanza de que la inmigración fuese un asunto clave durante la campaña electoral, se habrán sentido decepcionados.

No obstante, los partidos sí hablaron de este asunto en sus programas. Si acudimos al programa del Partido Popular, encontraremos un apartado exclusivamente reservado a dicho tema. El PP aboga por el reforzamiento de la responsabilidad colectiva del control de fronteras y el mantenimiento de los mecanismos hasta ahora existentes como FRONTEX, EUROSUR y SEAHORSE. Asimismo sorprende apostando por la integración de la población migrante en España. Y digo sorprende, porque desde que está en el Gobierno central, el Fondo para la Integración de dicho colectivo es de cero euros. Cero. Por su parte el PSOE, apuesta por la prevención, protección e integración del colectivo de migrantes consiguiendo dichos fines con el aumento de recursos de los mecanismos antes citados y del nuevo Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Para encontrar propuestas más arriesgadas y en las que el respeto a los derechos humanos está especialmente presente, habría que acudir a otros partidos: UPyD introduce la idea de un único permiso de residencia europeo. PODEMOS pide el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el fin de “Directiva de la Vergüenza” y el “derecho a tener derechos” del colectivo migrante. Izquierda Unida reclama la ratificación del Convenio Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias. Primavera Europea-Equo promueve la creación de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica y en condiciones de igualdad con los nacionales de la Unión Europea. ERC, finalmente, pide reforzar las políticas comunitarias de persecución del tráfico de personas con fines de explotación sexual o laboral, imponiendo sanciones más fuertes y más allá de las fronteras europeas. También nos recuerdan la importancia de cumplir con el 0,7% del PIB en cooperación al desarrollo, por si sirviese para reducir algo la desigualdad de la que huyen.

Todas son ideas razonables que deben ser consideradas en un debate sereno e inteligente que comience por el respeto universal a los derechos humanos y acabe en los intereses económicos y demográficos de Europa en el largo plazo. Desde +Social acabamos de publicar un nuevo informe (Un Modelo Irregular) que recoge muchas de estas ideas y plantea la necesidad de una alternativa a la regulación migratoria actual en España y en Europa.

El debate debe comenzar por el respeto universal a los derechos humanos y acabar en los intereses económicos 

A pesar de la alarma social creada en los últimos meses, el balance de la lucha contra la inmigración irregular publicado recientemente por el Ministerio del Interior confirma que la llegada de inmigrantes a las costas españolas se reduce un 15%, a pesar de la presión migratoria en el Mediterráneo en 2013. De hecho, el número de entradas se redujo a 3.237 personas, sobre un número total de inmigrantes de varias decenas de millones. Pero su peso político es mucho más alto del que aparentan. La actual política migratoria europea prioriza el control fronterizo, la externalización de las fronteras y la expulsión sin importar el incumplimiento directo o indirecto de los derechos humanos. En cada vuelta de tuerca de la reforma migratoria brillan por su ausencia las referencias explícitas a las situaciones de precariedad que esas personas padecen una vez están en suelo europeo.

+Social propone con su nuevo informe una "agenda defensiva" que garantice los derechos fundamentales de los inmigrantes en situación irregular y mejore sus condiciones sociales: ratificando los tratados internacionales que protegen los derechos de los migrantes; estableciendo vías legales como el reasentamiento y los visados humanitarios para acceder a la protección internacional en España y en el resto de la UE; condicionando la cooperación en materia de migraciones con terceros países y la expulsión de personas a través de acuerdos de readmisión a garantías de protección internacional efectiva y de respeto a los estándares internacionales de derechos humanos de los migrantes; revocando el Real Decreto 16/2012 que restringe el acceso al sistema nacional de salud; y garantizando condiciones de detención administrativa dignas y con garantías reales de identificación y protección de personas víctimas de trata y en necesidad de protección internacional.

Todos estos asuntos estarán de un modo u otro sobre la mesa de los líderes europeos en el Consejo de finales de este mes, que aborda la inexistente política migratoria europea. El respeto de estos derechos fundamentales constituye el punto de partida de cualquier reforma más ambiciosa que queramos plantear en el futuro. Europa no puede tardar ni un minuto más en ponerse manos a la obra.

Sonia Garrido es investigadora de +Social, plataforma contra la pobreza y la desigualdad que combina investigación y comunicación.