Giro en el ‘caso ERE’

El giro introducido por la Audiencia de Sevilla en el caso ERE complica la situación judicial de Magdalena Álvarez, consejera de Economía de la Junta de Andalucía en la época en que se diseñó el plan que pudo propiciar una malversación millonaria; dicho de otra forma, en que se puso en marcha el procedimiento que supuestamente permitió delinquir a otros. Magdalena Álvarez debería reflexionar sobre la conveniencia de renunciar a su cargo actual, la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una vez que la imputación judicial es firme. Ella era la responsable del departamento que diseñó las “transferencias de financiación”, técnica que la Audiencia cree inadecuada para ayudas sociolaborales.

El mismo tribunal que propinó varapalos sucesivos a la juez instructora, Mercedes Alaya, por falta de respeto a ciertas cuestiones formales, entra ahora en el fondo del asunto y acepta que “no es irracional o arbitraria” la hipótesis de la instructora, en el sentido de que la técnica usada para el pago de los ERE fue introducida “para propiciar lo que finalmente ocurrió”.

Hay que señalar la presión ejercida por el Gobierno a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que Álvarez dimita: un comportamiento distinto de la tolerancia observada con numerosos parlamentarios del PP en las Cortes Valencianas imputados en causas judiciales. No deben tratarse a conveniencia las imputaciones por asuntos relacionados con la corrupción ni deben olvidarse los numerosos casos similares en los que se ha echado en falta entre los líderes populares la celeridad y contundencia que ahora demuestra De Guindos. Aunque es cierto que Magdalena Álvarez tiene una cualidad particular por representar a España en una institución europea, la exigencia de ejemplaridad es ineludible en el ejercicio de cualquier responsabilidad pública.

No todas las investigaciones judiciales tienen fundamento, y de ahí el dilema ético de exigir la dimisión de personas a las que dar ese paso les puede presentar como culpables, sin seguridad alguna de serlo. Dos años de indagaciones sobre el exdirigente socialista José Blanco quedaron en nada cuando llegaron al Supremo.Igualmente, Magdalena Álvarez podría acabar demostrando que, como afirma, su gestión no tuvo nada que ver con las presuntas malversaciones descubiertas. Este es el problema de las instrucciones judiciales que se eternizan y levantan sospechas que tardan mucho en sustanciarse: el simple hecho de confirmar la imputación de Álvarez ha consumido prácticamente un año.

Pero una cosa es reiterar lo mal que funciona la justicia y otra eximir a los políticos de rendir cuentas del uso de caudales públicos. Cualquier imputado tiene derecho a negar actos ilegales, pero los políticos tienen que acostumbrarse a dar explicaciones detalladas sin aguardar el final de un largo y tortuoso proceso judicial.