Expulsar la pobreza
En momentos de crisis económica aparece recurrentemente el miedo a la escasez de los recursos públicos, y con ello la necesidad populista de identificar posibles abusadores: un amplio espectro ciudadano que, por supuesto, llega a los extranjeros, que son los más prescindibles. Los Gobiernos, que se sienten legitimados por la legislación europea para establecer fronteras internas que mantengan la pobreza fuera, en las zonas agrícolas de Rumanía y de Bulgaria, de Grecia o de la mismísima España, por ejemplo, convierten en extranjeros a estas personas y a todos los que siendo ciudadanos de la Unión deberían gozar de la plenitud de sus derechos, pero que por su condición de pobreza o por simple desempleo pueden suponer “una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida”, como recoge el artículo 14.1, de la Directiva 2004/38/CE, sobre la libre circulación de personas, legitimando su expulsión. Por lo tanto, Francia, Reino Unido y ahora Alemania están utilizando la legislación europea, y tienen el apoyo del Consejo Europeo y la aprobación sin fisuras de la Comisión.
Sin embargo, la lógica ciudadana y de progreso nos dice que el Estado Social y de Derecho debería disponer mecanismos compensatorios para que los ciudadanos más desprovistos económicamente accedan, de forma efectiva, a los recursos del bienestar social. Cuando se hace lo contrario la democracia pierde eficacia, provoca desafección ciudadana, facilita el populismo, la xenofobia y el racismo, y de todo esto ya hemos tenido bastante en la historia europea.— Luis Fernando Crespo Zorita.
