El acuerdo posible

Cuando se analizan las decisiones económicas es importante saber no solo las que hay que adoptar, sino también cómo hay que aplicarlas y la celeridad con que deben tomarse. Los retrasos causan daños. Este es un principio que rara vez se tiene en cuenta en el denso procedimiento político de la Unión Europea (UE). El principio de acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo para poner en marcha el mecanismo único de resolución de quiebras de bancos europeos, conseguido después de 17 horas de negociación, confirma que la burocracia europea no responde a las urgencias de la crisis financiera con la velocidad debida.

El fondo para quiebras bancarias, pieza esencial de la Unión Bancaria, es una necesidad conocida desde mucho tiempo atrás, precisamente para romper de una vez para siempre la relación entre quiebras bancarias y deuda soberana que ha estrangulado la solvencia de los Estados durante esta crisis. A pesar de lo cual se ha perdido tiempo en una negociación en la que, en definitiva, se trataba de arrancar alguna concesión a Alemania.

De lo que se conoce hasta el momento, el acuerdo puede considerarse como razonable. Entre la posición del BCE —muy consciente de las urgencias financieras— que pretendía disponer del fondo de resolución en cinco años, y las posiciones más reticentes (10 años), se ha llegado fijar tal disponibilidad en ocho años; la mutualización se acelera (40% del total del fondo en el primer año, 70% en los tres primeros ejercicios) y, concesión importante, se permite un margen de endeudamiento a la institución por si fuera necesaria una intervención rápida o fuera de límites. En cuanto a la cantidad (55.000 millones), es la máxima que podía alcanzarse sin comprometer la debilitada situación de las finanzas nacionales.

Si se hace abstracción del plazo —ocho años dan pie a incertidumbres económicas y financieras— el acuerdo es sensato. La opción del BCE era mejor y, si se confirman las primeras impresiones, también es acertado que la autoridad monetaria tenga más capacidad de decisión en el mecanismo de quiebras, aunque solo sea por razones de agilidad frente a la gestión de los ministros comunitarios. La conclusión resignada es que este es probablemente el acuerdo posible y que el deseable solo se podrá alcanzar cuando exista una autoridad política unificada o, al menos, más homogénea.