Hoy no es ayer
El amago de desarme de ETA busca presionar a la opinión pública para que reclame compensaciones
La entrega de un inventario de las armas (un fusil, un rifle, dos revólveres, dos granadas, 300 balas y 16 kilos de explosivos) que dos encapuchados se disponen a inutilizar queda bastante lejos de las “aportaciones significativas” al “proceso” (de paz) anunciadas en un reciente comunicado de ETA. No solo porque esa imagen, aunque la emita la BBC, sea una muestra insignificante para una organización que ha asesinado a más de 800 personas, sino porque una vez que ha decidido el cese definitivo de la actividad armada, la entrega o inutilización de las armas apenas aporta nada nuevo a las garantías de que no habrá vuelta atrás en su uso.
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Contribuye en cambio a crear confusión, con consecuencias inquietantes, sobre lo que importa ahora: la disolución definitiva e incondicional de la banda, a la que viene resistiéndose con la esperanza de conseguir que sea efecto de una negociación con el Estado español (y el francés) en términos de paz por presos. Algo que quizá habría tenido sentido hace años, pero que lo perdió totalmente en la T-4.
ETA ha dado este paso unilateral en respuesta a lo que considera inmovilismo del Gobierno sobre los presos. Al hacer un gesto de desarme que los verificadores consideran inicio de un camino que desembocará en la entrega de todos sus arsenales, intenta presionar al Gobierno para que “se mueva”. Mejor dicho, a la opinión pública española para que esta empuje al Gobierno a moverse y negociar, según su teorización de la estrategia de iniciativas unilaterales.
Lo más sorprendente del último comunicado de ETA era su disposición a formar parte de la representación vasca que negociaría con las instituciones españolas sobre las “consecuencias del conflicto”. Insinuando que a cambio de su desarme también debería desarmarse el Estado, sacando del País Vasco a sus Fuerzas de Seguridad. Todo esto forma parte de un último intento por alcanzar reconocimiento como agente político legítimo; que su disolución fuera negociada sería interpretado por ellos como aval a la teoría de que su lucha (armada) fue justa y necesaria. Pero entrar en el callejón de la negociación es apostar por la prolongación indefinida del “proceso”. Por volver al punto anterior al de su renuncia a la violencia.
Por eso resulta difícil de entender que el lehendakari saliera ayer, en la sesión de control del Parlamento vasco, en defensa de la posibilidad de entablar contactos con ETA, invocando el famoso punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, que contemplaba la hipótesis de un final dialogado de la violencia, si se daban ciertas condiciones. Pero lo que pudo ser comprensible hace 26 años dejó de serlo hace tiempo. Entonces sirvió, entre otras cosas, para articular un amplio consenso. Hoy serviría para romper el que hay en torno a la negativa a admitir una negociación con ETA. Sería una irresponsabilidad. Porque aunque toda entrega de armas es positiva, en este caso se trata de la alternativa de ETA (desarme progresivo con compensaciones) a la exigencia general de disolución incondicional.
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