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PUNTO DE OBSERVACIÓN

¿Cómo se protegen las instituciones?

En España el rechazo a asumir la obligada responsabilidad política ha llegado a extremos grotescos

¿De qué manera se defiende en los países democráticos a las instituciones? Haciendo recaer las responsabilidades de sus actuaciones erróneas sobre los políticos que tienen encomendada su dirección. La manera más eficaz, menos costosa y más democrática de defender una institución que está en entredicho por una actuación incorrecta no es acudir al Parlamento y acusar a todo el mundo de atacar a una organización fundamental del Estado, sino dar un paso adelante, colocar a la institución detrás, a salvo, y presentar la dimisión. Algo tan simple como eso: que el director general (o el ministro, o quien corresponda) se lleve el error consigo y deje intacta la legitimidad de la institución.

Es muy sencillo, un ejercicio muy antiguo y generalizado en todos los países democráticos de nuestro entorno. En el único lugar donde no se practica habitualmente es en España, donde, desde hace dos años, ese rechazo a asumir la obligada responsabilidad política ha llegado a extremos grotescos.

La última demostración de esa calamidad que padecemos, y que tiene graves consecuencias, ha sido la negativa del director general de la Guardia Civil a dimitir como consecuencia de la muerte de quince personas en una playa de Ceuta, cuando eran hostigadas para que no llegaran a tierra. Es evidente, fuera de cualquier duda, que la actuación policial fue errónea. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo se protege a la Guardia Civil como institución y a sus miembros, que además han dado, en el pasado, repetidas y sólidas muestras de compasión y de entrega a la hora de ayudar a personas en circunstancias parecidas?

Lo lógico, lo que sucedería en cualquier país sensato, lo que haría cualquier Gobierno responsable, es sacar inmediatamente a la Guardia Civil del espacio político y meter en ese espacio a sus responsables gubernativos. En nuestro caso, ha ocurrido exactamente lo contrario: en lugar de proteger a la institución, el director general, el ministro y el presidente del Gobierno se han escondido detrás de ella. Han dejado a la Guardia Civil en mitad de la arena política, la han empujado ahí y se han ido ellos tan tranquilamente. Todos los intentos de la oposición parlamentaria de sacar a la Guardia Civil del debate político fueron inútiles, porque quien se negó a ello fue precisamente el Gobierno.

Pensar que nada de esto tiene consecuencias, creer que todo consiste en dejar pasar el tiempo y que los ciudadanos siempre terminan por olvidar es una grave equivocación. Lo que experimentan los ciudadanos es una frustración. La lamentable impresión de que en este país puede pasar cualquier cosa, pero que políticamente no sucede nada.

Una y otra vez se enfrentan al mismo muro: ministros que reciben regalos y que viajan gratis con sus familias, presidentes que ofrecen ánimo a tesoreros de partidos que tienen millones de euros en cuentas sin declarar en Suiza, proyectos de ley que notoriamente no tienen que ver con lo que asegura el ministro que es su contenido... Pasan cosas, pero políticamente no pasa nada. No hay forma de hacer una interpretación política de las cosas que ocurren, como sucede en cualquier país democrático, y no la hay porque el Gobierno de Mariano Rajoy se niega en redondo a entrar en la arena de la responsabilidad política y sigue una estrategia demoledora que consiste en dar siempre un paso atrás y en lanzar a las instituciones, españolas y europeas, en su lugar.

Los ciudadanos contemplamos absortos cómo no hay consecuencias políticas por prácticamente ningún acontecimiento. No sucede nada, piensa el Gobierno. Pero claro que sucede. Se violenta el sentimiento lógico de que no puede haber quince muertos en una actuación policial sin que alguien asuma la responsabilidad; la convicción de que no puede negarse la evidencia, sin que el autor del engaño abandone la política. Pasa algo muy grave: por el camino van quedando destrozadas las instituciones de que nos dotamos voluntariamente para desactivar los conflictos.

solg@elpais.es

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