La política migratoria del bombero pirómano

Rescate de inmigrantes africanos frente a las costas de Tenerife. Foto:©UNHCR/A.Rodriguez.

· La edición de ayer de este periódico abría con la noticia de que “30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla”. La pieza fue elaborada a partir de unos informes de la inteligencia española cuyos detalles no se facilitan. Tampoco se contrastaba esta información con la de organismos públicos y privados cuyas estimaciones son muy diferentes. Como recordaba ayer en un tuit desde Rabat la periodista Elena González, el Gobierno de Marruecos calcula que entre 25.000 y 40.000 extranjeros residen en su país en situación irregular. No todos son subsaharianos. No todos tienen intención de “saltar”.

· La magnificación de los riesgos relacionados con la inmigración es un juego peligroso, además de tramposo. Un número alto de inmigrantes subsaharianos junto a las vallas sugiere la idea de una “invasión” y justifica las medidas “excepcionales” empleadas por el Gobierno, incluyendo el uso de pelotas de goma en el mar, las cuchillas en las vallas o la violación sistemática del derecho de asilo y refugio. Es la misma estrategia que se utilizó para introducir el reglamento que restringe el acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad: se multiplicaron las estimaciones de ‘sin papeles’ en nuestro país (800.000 frente a un número real que podría ser hasta cuatro veces más bajo) y se emborronaron las cifras del ahorro presupuestario, cuyos detalles nunca fueron facilitados al público (posiblemente porque nunca existieron).

· Acierta la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando dice que en estas situaciones el Gobierno se limita a aplicar (“con deficiencias”) la Ley de Extranjería. El agujero moral de Ceuta y Melilla -como los Centros de Internamiento, el apartheid sanitario o la desprotección de los solicitantes de asilo- es la consecuencia lógica de nuestro modelo legal. La impermeabilidad de las fronteras europeas es una fábrica de inmigrantes irregulares que ignora los verdaderos factores de empuje y atracción de la inmigración. La radioactividad política que impregna este debate impide considerar medidas inteligentes que flexibilicen la movilidad y faciliten el retorno de inmigrantes que no encuentran empleo. Si no me creen, fíjense en el modo en que la UE va a tirar por el inodoro el próximo mes de junio la oportunidad abierta por la crisis de Lampedusa.

· El PSOE y los medios de izquierdas deberían abandonar de una vez la idea de que Europa debe ayudar a África para que la gente no se vea obligada a emigrar. La emigración responde a la pulsión de progreso, no solo a la desesperación. Es un hecho que los africanos subsaharianos emigran de manera intensa entre los países de la región, pero la gran mayoría carece todavía de los recursos y la educación que les permitiría irse a Europa o a EEUU. Cuando eso ocurra -como ya ha ocurrido en América Latina o Asia, gracias en parte a la ayuda- la emigración se convertirá una vez más en uno de los principales motores de redistribución global de la riqueza y de reducción de las desigualdades.

· Mientras tanto, conviene tomar perspectiva en el caso del Norte de África. El abogado Ignacio Aguilar –expresidente de CEAR- insiste en una conversación con este blog que “el problema no es Ceuta y Melilla”. Si se comparan con otros flujos migratorios, las cantidades son manejables. Sería posible dar acceso periódico a un número limitado de inmigrantes subsaharianos reduciendo considerablemente el impacto humanitario de las vallas. En su opinión, el contraste con la gestión de la llamada ‘crisis de los cayucos’ es notable.

· Ceuta y Melilla no son los únicos ámbitos en los que la falta de imaginación del Gobierno se ha hecho notar. La consulta pública de la Comisión Europea sobre el futuro de su política interior (de la que depende la gestión migratoria y que se discutirá en el próximo Consejo Europeo de junio) contó con la participación de 46 organizaciones internacionales o no gubernamentales, siete grupos académicos, cinco empresariales y 10 gobiernos nacionales o locales. Ninguno de ellos era el Gobierno español (la Generalitat de Cataluña sí remitió un documento de 13 páginas que puede ser consultado aquí). Si quieren motivos para la alarma, ahí tienen uno.

[Estos argumentos son parte de un proyecto de investigación que realizamos desde +Social y que verá la luz en las próximas semanas.]