Patata caliente

Nadie en su sano juicio podía esperar la derrota de un Gobierno sostenido por una mayoría absoluta parlamentaria, ni en la cuestión del aborto ni en ninguna otra. La disciplina de voto, que es la base que vertebra las organizaciones políticas en España, ha funcionado sin dificultad alguna, incluso en votación secreta. El Partido Popular sale intacto de la prueba de fuerza ensayada por la oposición y sin duda esta continuará con sus intentos de torpedear la reforma de la ley del aborto, de modo que las espadas continúan en alto.

Por eso conviene dar un valor relativo a la victoria del Grupo Popular sobre las diferentes minorías —la socialista entre ellas— que pugnaban por bloquear la reforma en cuestión. Simplemente, los profesionales de la política han vuelto a hacer lo que sus jefes esperan de ellos: asegurar el sentido del voto y lograr que no se manifiesten las desavenencias entre correligionarios. Esto explica que una diputada como Celia Villalobos, opositora al proyecto, reconozca que votó el martes contra la iniciativa del PSOE y añada que la unanimidad mostrada por el PP en el Congreso “por supuesto, no es real”.

Cuestión distinta es el precio que le está costando al PP la operación impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Sus razones siguen siendo oscuras, más allá de las referencias al cumplimiento de una promesa electoral. Negar a las mujeres el derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo, dentro de unos plazos, desafía el sentir mayoritario de la sociedad española. Tampoco contribuyen a aclarar las dudas argumentos extravagantes, como los beneficios económicos que pueden extraerse del mayor número de embarazos, si se limita el de abortos. Prohibirlos incluso en casos de graves malformaciones del feto —salvo que supongan un riesgo cierto para la salud psíquica de la madre—, es muy difícil de asumir más allá de ciertos círculos confesionales.

Todo ello significa que la patata caliente continúa en manos del Gobierno. El anteproyecto de ley sobre la interrupción del embarazo no ha llegado todavía al Congreso, a falta de una serie de informes que son preceptivos antes de dar ese paso. En todo caso, la decisión definitiva corresponde a Mariano Rajoy. El Gobierno corre un notable riesgo si finalmente cede a las preocupaciones de una franja del electorado popular, que tiene atravesada la ley actual porque fue promovida por el Gobierno de Zapatero. Insistir en la reforma puede ahondar las dudas entre el sector más centrista, que, como la mayoría de los españoles, no ve la necesidad de desatar tamaña batalla.

Una ley de plazos como la actual es razonable en el contexto europeo. Continuar adelante con un proyecto mucho más restrictivo no solo enviaría mensajes negativos a la sociedad, sino que sería la prueba de un estilo político con aroma a pasado. El futuro necesita de grandes consensos, no de estrecheces partidistas.