Un escenario político paralizado

Van pasando las semanas y el escenario político español no cambia. Se crispa más, eso sí, y va impregnando esa crispación en la conversación ciudadana, pero en lo sustancial sigue idéntico, básicamente paralizado. Paralizado y sin una agenda que dé algo de sentido al debate público. Ni por parte del Gobierno, ni de la oposición en su conjunto. Abundan los diagnósticos, eso que el irónico periodista austriaco Karl Kraus consideraba como la enfermedad que se reproduce con más facilidad, pero no se plantean programas ni ofertas de relevancia en el orden político, ni en el plano económico ni en el puramente institucional, ni desde luego, en relación con la situación en Cataluña.

Todo se desarrolla más bien como si los protagonistas en el escenario estuvieran simplemente ganando tiempo, pero no para poder prepararse mejor ante un suceso anunciado, sino con la esperanza de que el mismo tiempo sea capaz de diluir las circunstancias de ese suceso y hacerlo más propicio para los intereses de cada uno.

Nadie asume la defensa de las instituciones, que queda en manos

Pasan los meses y nada cambia en el escenario político en relación con el patente desprestigio de las principales instituciones democráticas. Casi nadie asume la defensa de las instituciones, no con palos y cañones de agua, lo que solo refleja el desprecio profundo que sienten hacia ellas, sino con el uso para el que fueron concebidas esas instituciones, un uso apropiado, decidido, enérgico, que las devuelva el prestigio basado en su utilidad democrática. Los políticos parecen haber aceptado que esa defensa quede en manos de los tribunales, una decisión absurda, que tendrá malas consecuencias, pero que se viene utilizando como la única vía posible.

Esta misma semana, la asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda más representativa de la carrera judicial, ha denunciado ante el Tribunal Supremo el “cambalache político” con que se nombró al presidente del Consejo General de Poder Judicial y a los 12 vocales que proceden de la magistratura. La denuncia debería provocar un terremoto político, pero no será así porque nadie está dispuesto a plantear una agenda digna de un debate ciudadano.

Lo que denuncia la asociación es escandaloso, por mucho que se sepa desde hace años. Pero como son juristas lo plantean en términos de derecho: los grandes partidos, dicen, actúan con “grave desatención” de la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional (TC) en sentencia de 17 de abril de 1986, un mes después de que asumiera su presidencia el añorado Francisco Tomás y Valiente.

El TC advirtió entonces del riesgo del “frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si las Cámaras a la hora de efectuar sus propuestas olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”. Advertencia que se comprueba inútil desde hace años y que, desde luego, no fue escuchada en los últimos nombramientos, en los que los partidos han seguido actuando como Pedro por su casa.

En el caso catalán es también patente la negativa del Gobierno a utilizar el tiempo para presentar un discurso que, al menos, deje en manos de la Generalitat la molesta gestión de un “no”. Rajoy parece convencido de las ventajas del calendario (unas eventuales elecciones plebiscitarias catalanas tendrían lugar muy poco antes de las elecciones generales españolas, lo que, debe pensar, desactivaría un cierto modo sus consecuencias más inmediatas). Tan cómodo se siente el presidente, que seguramente será esta noche un espectador mas frente a su televisión para ver el diálogo entre el president de la Generalitat, Artur Mas, y el expresidente Felipe González. Como si no tuviera que ver con él. Como si Rajoy también pensara que lo más excitante que se puede ofrecer a los ciudadanos sobre ese tema es ese diálogo. Mientras, pasan las semanas y los meses.