En Colombia el robo de tierras y el asesinato quedan impunes

Esta entrada ha sido escrita desde Colombia porGerardo Vega. El Presidente del país, Juan Manuel Santos, visita hoy España.

Obra del artista colombiano Fernando Botero, parte de su serieTestimonios de la barbarie.

Jose María Calle es un campesino propietario de la finca Bonaire, ubicada en el corregimiento de Macondo del Urabá antioqueño. En 1996 grupos paramilitares le desplazaron junto con su familia. Más de 120 familias de dicha región fueron también desplazados en aquella época tras haber sido testigos de asesinatos y amenazas a vecinos y familiares. En algunos casos los despojadores forzaron a los campesinos a vender a bajos precios o simplemente falsificaron, en connivencia con instituciones publicas, sus documentos de propiedad. En la huida de la violencia, estos desplazados se ubicaron en zonas urbanas donde no consiguieron acomodarse ya que, en su mayoría, solo sabían trabajar la tierra, lo que conllevó el empobrecimiento crónico de estas familias y de su descendencia.

En el año 2007, liderados por el campesino Benigno Gil y amparados en la débil y naciente legislación que iniciaba el proceso de restitución de tierras en Colombia (Ley 975 de Justicia y Paz), decidieron reclamar sus tierras y terminar con una larga y penosa espera regresando a ellas sin ningún acompañamiento de las entidades públicas. En el 2008 Benigno Gil fue asesinado a plena luz del día frente a 500 víctimas que asistían a una reunión. Hoy en esa región del país han sido asesinados un total de 17 reclamantes.

Estas familias retornadas han sido sometidas a amenazas y hostigamientos constantes por parte de empresarios ganaderos quienes hoy día alegan ser los dueños de las tierras reclamadas por las víctimas. Estos han recurrido a las autoridades locales para despojarlos de nuevo a través de actos administrativos con los que han destruido y quemado las casas de madera y cultivos de pancoger levantados por los reclamantes. Estos nuevos despojos han sido promovidos por reconocidos terratenientes vinculados a grupos paramilitares quienes con la complicidad de autoridades municipales lograron el 9 de diciembre de 2012 sacar por segunda vez de sus tierras a Jose María y a sus vecinos retornados.

El gobierno reconoce que se enfrenta a 360.000 casos de despojo en Colombia para tratar durante los 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras aprobada en el 2011. En estos dos primeros años se han presentado cerca 50.000 solicitudes de restitución. Por el momento, los jueces han fallado solamente 347 sentencias, que resultaron a favor de las víctimas y que ordenaron la restitución de menos de 20.000 hectáreas, cifra inferior al 0,1 % del total de hectáreas a restituir. De un lado el principal responsable de este resultado es la fuerza pública por no conseguir garantizar las condiciones de seguridad en las zonas de mayor despojo. De otro lado lo es el excesivo trámite y alto estándar probatorio exigido por los jueces y funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras.

Indiscutiblemente el Gobierno debe hacer profundos cambios en la aplicación de esta ley para que la devolución de la tierra a las víctimas de despojo sea una realidad. Es fundamental que los reclamantes y víctimas restituidas gocen de garantías para no ser de nuevo desplazadas, amenazadas ni asesinadas. El uso de métodos de restitución tales como la restitución colectiva y la realizada por la vía administrativa contribuirían a dar agilidad y mayor seguridad (en el caso de la colectiva) al proceso. La aplicación de estos métodos y la mejora de la situación de seguridad para los reclamantes y víctimas restituidas son claves para que esta ley de víctimas no se convierta en una frustración más en Colombia.