Negociar en el Canal

El conflicto entre el Gobierno de Panamá y el consorcio que está ejecutando la ampliación del canal de Panamá —consorcio liderado por el grupo español Sacyr— ha llegado a una situación en la cual es necesaria, ahora sí y con intensidad, una negociación política. Panamá se niega a aportar los 1.600 millones de dólares (adicionales a los 3.118 millones contratados) que pide el consorcio por desviaciones e imprevistos en las obras. La firmeza del Gobierno de Panamá se fundamenta en la inexcusable responsabilidad contractual del consorcio (en el que también participan la sociedad italiana Salini Impregilo y la belga Jan De Nul); pero los argumentos de Sacyr y sus socios tienen autoridad suficiente como para proporcionar una base de negociación. Las dificultades de liquidez son reales, no está claro que se deban a una oferta artificialmente baja para hacerse con el contrato y cualquier opción que implique cambiar de constructor encarecería y retrasaría considerablemente las obras.

El pragmatismo es pues la mejor solución, aquí y ahora. En las últimas horas han aparecido dos indicios significativos (aunque todavía inconcretos) de cuál puede ser la línea de resolución del conflicto. Por una parte, Sacyr y el consorcio han anunciado que no suspenderán las obras, a pesar de que ha terminado el ultimátum de 21 días concedido para que la autoridad panameña del Canal acepte el pago de los 1.600 millones adicionales. Demasiado bien saben Sacyr y sus socios que en una situación como esta, donde las posibilidades de negociaciones, por decirlo así, permanecen intactas, la suspensión de las obras sería considerado como un acto hostil y probablemente irreversible. Es más pragmático continuar las tareas y confiar en que el tiempo y la negociación proporcionen una salida.

Y esa probabilidad aumenta si, como se ha anunciado, la Comisión Europea acepta mediar en el conflicto. No podía dejar Bruselas que el caso del Canal empeore la imagen europea —por más que la Marca España, a cuenta de la posición directora de Sacyr en el consorcio, haya resultado de nuevo menoscabada— comprometida por la presencia de tres países del continente en la operación.

La solución que empieza a entreverse —todavía vagamente— implica la decisión fundamental de concluir las obras, bien con la aportación panameña, bien con ayudas financieras externas; y, como remate, se exigiría que a posteriori el arbitraje internacional decidiera quién debe cargar con los costes adicionales. Un plan de esta naturaleza parte del principio de que el bien superior es concluir la ampliación del Canal; también para el cliente, para quien los retrasos calculados de entre tres y cinco años en caso de paralización y cambio de contratista resultarían demasiado onerosos. Sería imprescindible, claro, que un acuerdo de esta naturaleza tuviese la cobertura política europea y panameña. Por el momento, esta negociación parece estar en mantillas.