Libertad de voto

Nueve de cada diez ciudadanos españoles reclaman libertad para que los diputados puedan votar en conciencia la reforma de la ley del aborto, incluidos los votantes católicos practicantes del PP, según el sondeo de Metroscopia publicado hoy por EL PAÍS. Más allá del error político en que el Gobierno de Rajoy se ha empeñado apostando por este proyecto legislativo, la libertad de voto es un asunto importante con vistas a los usos y prácticas parlamentarias porque confirma la exigencia social de un lazo nítido entre lo que piensan los electores y lo que deben hacer los elegidos.

También constituye una censura espectacular a la ley de hierro sobre la que está construido todo el edificio de la representación política en España, materializado en el gesto de portavoces que levantan uno, dos o tres dedos para ordenar lo que los diputados de su grupo han de votar en cada caso.

Aunque la reforma de la ley del aborto lo devuelva a la actualidad, no es ni mucho menos la única cuestión en que se plantea. La diputada popular Celia Villalobos, que reclama libertad sobre el asunto, ya contravino las órdenes de su partido al votar a favor de la ley del matrimonio homosexual. La cuestión disciplinaria volvió a plantearse el año pasado, en el Congreso, cuando PSC y PSOE votaron de modo distinto a propósito del derecho de autodeterminación de Cataluña. Lo mismo le había sucedido en la legislatura precedente a Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC OO y diputado independiente en las listas socialistas, castigado por abstenerse sobre la reforma laboral de Zapatero.

Asegura la Constitución que el parlamentario no está sometido a “mandato imperativo alguno” y la jurisprudencia del Constitucional deja claro que el partido no puede despojar al electo de su escaño. Sin embargo, las organizaciones políticas han consolidado un enorme control sobre las personas elegidas bajo sus siglas, gracias al doble juego de la sanción al que incumple sus instrucciones y el riesgo de verse expulsado de las listas de candidatos para la siguiente legislatura. Las facultades exorbitantes que han tomado las direcciones partidarias reducen a papel mojado la prohibición constitucional del mandato imperativo.

Una completa libertad de voto cuestionaría el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que hace depender al parlamentario de su partido mucho más que de los electores. Los partidos se consideran los actores principales del sistema representativo y en realidad juegan un papel importante en ello, de acuerdo también con la Constitución. Pero reconsiderar un sistema más equilibrado es uno de los asuntos que deben formar parte de una necesaria reforma política y electoral.

Entre tanto, la libertad de voto del parlamentario es insoslayable, por lo menos cuando se plantean temas de conciencia. Y no cabe duda de que la cuestión del aborto es un caso paradigmático.