Instrucción firme

La decisión de la Audiencia Nacional de instar la permanencia del juez Pablo Ruz en el Juzgado central número 5 que instruye los casos Bárcenas y Gürtel, aunque esperada, es una buena noticia para el esclarecimiento de uno de los escándalos que más pueden influir en el devenir político del país en un futuro inmediato. La renovación se producirá en un momento de máxima tensión en el seno del partido del Gobierno, después de que el juez ordenara el pasado jueves el registro de la sede del PP en busca de datos y documentos relacionados con el pago en negro de las obras realizadas en la sede de la calle de Génova.

En las ultimas semanas la instrucción del caso Bárcenas ha permitido al juez avanzar en la demostración de que existía “un flujo de cobros y pagos al margen de la contabilidad enviada al Tribunal de Cuentas”, es decir, una caja b en la que se administraban ingresos y gastos opacos y sospechosos de ilicitud. Con la discreción que le caracteriza, y que se agradece dada la importancia del asunto para la vida política española, el juez Ruz ha hecho en las últimas semanas una demostración de firmeza que refuerza la confianza en la justicia y abona la idea de que la instrucción avanza, tal vez con más lentitud de lo deseable, pero con seguridad y firmeza.

En sus últimas resoluciones, el juez había dejado traslucir dificultades en su tarea instructora a causa de la falta de colaboración del PP. El último incidente había sido una requisitoria en la que ordenaba a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) la entrega inmediata de un informe que había solicitado hacía tiempo y que no llegaba. El PP aseguraba haber entregado toda la documentación, pero la labor de cotejo realizada por el juzgado puso de manifiesto que no era así.

Ante esta falta de colaboración, el juez ordenó el registro de la planta donde se encuentra la tesorería y la gerencia del partido, lo que cabe interpretar como un gesto de autoridad muy necesario, especialmente después de que, en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, el PP se permitiera criticar la labor de la policía en este caso, algo absolutamente insólito. Que el partido del Gobierno critique de esta forma a una unidad —la UDEF— que actúa como policía judicial y cuyos miembros tienen una dependencia jerárquica del Ministerio del Interior es susceptible de ser interpretado como un intento de coacción. Tal exceso es una muestra de que el nerviosismo hace mella en la cúpula dirigente del partido.

El registro, que duró 14 largas horas, ha empañado de nuevo la imagen internacional del PP y, por extensión, la de la Marca España, cuyo Gobierno afronta este factor de inquietud justo cuando se cumplen dos años de su toma de posesión. La contrariedad por lo ocurrido no debió llevarle, en todo caso, a agravar la situación ninguneando lo ocurrido y eludiendo dar explicaciones, como ya viene siendo habitual.