Subida de castigo

La subasta eléctrica de ayer condenará a los consumidores a una subida del recibo de la luz de entre el 11% y el 13% en enero, si no media una decisión política correctora; una cantidad a todas luces excesiva, por no decir provocadora. Pero la subasta de ayer puede tener otras consecuencias. Coloca en un grave compromiso al ministro Soria, porque el fracaso de una de las piezas decisivas de su reforma eléctrica obliga a financiar un déficit de 3.600 millones —se había prometido para este año un déficit eléctrico cero— y ese error es el detonante de una subida tan desproporcionada; y porque un aumento tan estridente del precio del kilowatio confirma que el procedimiento de cálculo del precio de la luz no responde a ningún criterio de mercado ni a cualquier otra racionalidad económica. Es pura volatilidad manipulable y prueba definitiva de que hay que cambiar urgentemente el sistema de fijación de precios con criterios más acordes con la realidad.

El extravagante resultado de la subasta se produce en un momento delicado. Hacienda acaba de retirar la aportación presupuestaria necesaria para cerrar 2013 sin déficit de tarifa; es invierno, con lo cual la factura, ya de por sí un problema para todos los consumidores —España paga la sexta electricidad más cara de Europa—, se convierte en una carga insoportable para las rentas más bajas, que tendrán dificultad para pagar el recibo, y tratarán de compensarlo con frío y oscuridad. Y, además, convertirá en permanente un encarecimiento de la electricidad que, si se consideran las expectativas del mercado energético, es disparatada, porque en marzo probablemente bajarán los precios internacionales del gas y el kilowatio tendría que abaratarse en un mercado de verdad.

Ahora, quizá tarde, pide el ministro del ramo una investigación sobre la limpieza de la subasta, con ánimo de impugnarla, cuando las causas del despropósito eléctrico vienen de antiguo. Una regulación deficiente, aplicada durante lustros, manipula al alza casi de forma permanente los precios y otorga derechos económicos crecientes a las eléctricas que tienen que pagar los contribuyentes y consumidores. Desde 1998 se han cargado sobre la tarifa subvenciones encubiertas a las empresas, financiaciones fabulosas a determinadas tecnologías renovables, costes varios de producción eléctrica obsoleta, inversiones en plantas totalmente innecesarias, los precios excesivos al que algunas eléctricas españolas han comprado activos industriales en el exterior e incluso las principescas indemnizaciones a prejubilados del sector.

Antes de que esta subida de castigo de la luz se convierta en un grave estrangulamiento económico —el déficit subirá a 30.000 millones en enero— el Gobierno debería tomar medidas drásticas. Como moderar el precio de la electricidad de forma inmediata mientras se liquida el sistema actual de cálculo y se sustituye por otro más racional. Y negociar una quita del déficit de tarifa con las empresas. Tarde o temprano, esta decisión tendrá que tomarse, porque la situación ya es insostenible.