¿A dónde va el dinero público contra la pobreza?

Aya, refugiada de la guerra en Siria atendida por las organizaciones internacionales. Foto:©UNHCR/S. Baldwin.

Entre 1992 y 2012 España destinó a la cooperación internacional un total de 56.702 millones de euros, de acuerdo con los datos de la OCDE. Una parte de estos recursos fue canalizada a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones públicas y otras entidades sociales que realizan actividades relacionadas con la ayuda al desarrollo dentro y fuera de nuestro país. La tragedia de Filipinas recuerda hasta qué punto el trabajo de estas organizaciones resulta imprescindible para salvar vidas, garantizar servicios básicos y sensibilizar a la ciudadanía española.

Sin embargo, carecemos de la información necesaria para evaluar la pertinencia de los proyectos aprobados, así como para calibrar el papel que la financiación pública juega en un sector tan relevante de la sociedad civil como el de la cooperación internacional. Para cubrir este vacío nace el proyecto ¿A dónde va el dinero contra la pobreza? de la Fundación porCausa, una nueva iniciativa de periodismo de investigación y datos de la que ya hemos hablado en este blog y en la que estamos involucrados un grupo de investigadores y periodistas.

Un primer análisis de la información disponible ofrece algunas conclusiones relevantes: por un lado, las subvenciones públicas a las ONG han seguido un modelo atomizado que reparte cada año pocos recursos entre un número muy amplio de organizaciones. Treinta y cinco de ellas recibieron más de un 1% de los fondos totales concedidos por la convocatoria de Proyectos y Convenios entre 1992 y 2002 (sobre un total de 479 organizaciones que recibieron ayudas a través de esta convocatoria). Por otro, un número elevado de ONG han mantenido una estrategia de financiación basada de manera abrumadora en los recursos públicos. De acuerdo con los primeros análisis realizados por porCausa, de las 15 organizaciones que más recursos recibieron desde 1992 de la convocatoria de Proyectos y Convenios, al menos seis obtuvieron en 2010 más fondos públicos que privados. En cuatro de estos casos la dependencia supera el 80% de los fondos totales gestionados por la organización.

Ninguno de estos datos cuestiona el argumento fundamental: las ONG son una parte indisociable de una ayuda oficial al desarrollo moderna y de calidad. En algunos ámbitos, como en el de la ayuda humanitaria o el fortalecimiento de los procesos democráticos, su papel es insustituible. Precisamente por eso necesitamos contar con la información que facilite el escrutinio social y garantice un debate público informado. Esta necesidad se hace más tangible ahora que el Gobierno ha anunciado una reforma del sistema de subvenciones a las ONG, que debería reducir el número de beneficiarias, fortalecer sus capacidades y garantizar su independencia, como ocurre en otros países de nuestro entorno.

Ni que decir tiene que este ejercicio es deseable para otros ámbitos de la cooperación española y otros programas públicos de lucha contra la pobreza, empezando por los que tienen lugar en nuestro propio país. La Fundación porCausa continuará abriendo estos nuevos debates y ofreciendo a medios, profesionales y opinión pública los elementos para un análisis informado de las políticas públicas de lucha contra la pobreza y la desigualdad.