Todo por hacer

La Conferencia Política del PSOE discute estos días un vasto programa reformista con el que pretende recuperar las señas de identidad socialdemócratas, perdidas en medio de los giros de Zapatero en sus últimos años de Gobierno y las derrotas electorales de 2011. Todo apunta a que intenta hacerlo a través del Estado, como protector de los sectores más castigados por la crisis económica. Para ello propone aumentar sustancialmente el rendimiento del sistema tributario —en vez de subir los tipos impositivos—, sin lo cual no habrá ingresos que puedan ser redistribuidos; además de blindar en la Constitución la protección de la salud o la laicidad de los poderes públicos, de forma que el revisionismo respecto a derechos que la izquierda creía adquiridos no resulte tan fácil como lo ha sido con el PP en el poder.

Una vez escogido el camino, tienen razón los que sostienen que falta saber quién va a encabezarlo. La dirección socialista ha optado por separar los tiempos, sorteando con habilidad el riesgo de reducir la Conferencia a una pasarela de candidatos a La Moncloa, y las primeras jornadas han mostrado la unidad interna en torno a ese empeño del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. No porque convenga o deje de convenir a los presuntos candidatos, sino para preservar el proceso de elecciones primarias, una de las ofertas más interesantes.

Que una fuerza política se arriesgue a poner en manos de los ciudadanos la designación del principal candidato electoral es una experiencia inédita en España. El PSOE se encuentra en el ostracismo, como lo demuestran múltiples encuestas. Si se trata de romper y movilizar, la apuesta por unas verdaderas primarias puede ser eficaz. Dedicar la Conferencia a ponerse a competir entre el aspirantazgo habría sido enredarse en lo más fácil y cercenar el plan de las primarias o reducirlas a un mero trámite. Una enmienda aceptada a última hora rebaja los requisitos para los candidatos, reduciendo así el control del aparato, al tiempo que se rechazan los intentos de precipitar la fecha de celebración. De modo que sigue adelante el proyecto de implicar a cientos de miles de personas en un proceso hasta ahora reservado a la militancia.

Más problemático es lo poco que se está tocando la cuestión territorial, con el argumento de que un grupo de barones ya lo pactó en junio. Ciertamente, la solución federal es una idea; por tanto, dejarla prácticamente fuera de la cita en curso solo se explica por los temores a que una discusión abierta agriete más el entendimiento PSOE-PSC. Un riesgo que la dirigente andaluza, Susana Díaz, llamó a conjurar invocando la unidad y el abandono de la ambigüedad. Todo con la advertencia de que una fuerza política no puede resolver en solitario la cuestión territorial de España; el hecho de que Mariano Rajoy reitere la negativa a tocar los artículos 1 y 2 de la Constitución no cierra el paso al Estado federal sugerido por los socialistas, pero el propio presidente del Gobierno deja bien claro que no ve ninguna ventaja en reformar la Constitución.

En definitiva, la celebración de la Conferencia socialista puede constituir la base de un rearme político-ideológico, o bien quedarse en un catálogo de intenciones. Eso dependerá de que los trabajos conducidos por Ramón Jáuregui, sin duda estimables, se traduzcan en mensajes capaces de romper el escepticismo. Falta, por ejemplo, la concreción básica de una política económica alternativa.

El problema del PSOE es reencontrarse con el pueblo de izquierdas sin ceder a demagogias o radicalismos para la galería. La Conferencia solo es el primer paso para lanzar la reconstrucción de una de las corrientes centrales de la política española. Y esa rectificación debe empezar por reconocer que, en realidad, le queda todo por hacer.