Ingeniería alemana

Tres partidos, 12 grupos de trabajo divididos por sectores y 75 delegados que supervisan el proceso. Las negociaciones que acaba de emprender la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel con su partido hermano, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), y con los socialdemócratas (SPD) de Sigmar Gabriel para formar Gobierno se presentan complicadas, prolijas y llenas de incertidumbre. Tanto que el propio presidente alemán, Joachim Gauck, ha creído conveniente mediar en los contactos.

Ese ha sido el mandato de las urnas, que el pasado 22 de septiembre encumbraron a Merkel con una victoria arrolladora, pero la privaron de sus socios liberales del FDP, convertidos hoy en fuerza extraparlamentaria. A pocos escaños de la mayoría absoluta, la CDU necesita un socio. Y rotas las posibilidades de un pacto con un partido Verde castigado en la votación y en pleno reajuste, la única alternativa posible a un Gobierno en minoría —inédito en la historia alemana reciente— o a unas nuevas elecciones es un acuerdo con la segunda fuerza, el SPD. Es decir, reeditar la gran coalición que funcionó entre 2005 y 2009 también bajo la batuta de Merkel.

Solo que esta vez, los socialdemócratas recelan: fagocitados por la canciller, aquella alianza les acarreó un declive electoral que aún arrastran. Pero también es cierto que estando fuera del Gobierno no han logrado —ni probablemente lograrían ahora— mejorar posiciones. Un pacto con el CDU les brindaría acceso al Gabinete y la posibilidad de abrir paso a algunas de sus propuestas. En su lista de exigencias están el salario mínimo interprofesional, más inversiones en infraestructuras y educación y mejora en las finanzas de los municipios. Fuera de esa lista ha quedado —y es un síntoma de buena disposición— la subida de impuestos a los más ricos, que figuraba en su programa electoral y que Merkel ha descartado por completo.

Merkel y Gabriel deberán vencer resistencias en sus partidos, y el SPD ha dejado la última palabra a sus militantes. Pero el esfuerzo vale la pena. El acuerdo, que respalda al menos el 60% de la población, sería una garantía de estabilidad no solo para Alemania, enfrentada a complicados pronósticos de crecimiento, sino para una Europa aún en crisis, amenazada por los populismos y que tiene hoy por hoy en Berlín su principal ancla.