Intolerable desigualdad

Asociaciones de pacientes y de médicos coinciden en que la reducción de los presupuestos sanitarios y los recortes que se han visto obligados a aplicar los hospitales están provocando restricciones en la administración de determinadas medicinas de elevado coste, como algunos fármacos oncológicos paliativos, el nuevo tratamiento contra la hepatitis C o los nuevos anticoagulantes orales. Las asociaciones de pacientes denuncian también retrasos en la incorporación de novedades terapéuticas costosas. Ciertamente, en el contexto de crisis económica que vivimos, la incorporación de nuevos medicamentos supone un gran reto para el sistema sanitario público; pero la gestión de esta dificultad no debería dar lugar en ningún caso a restricciones arbitrarias, por motivos económicos, de medicamentos que han demostrado eficacia, ni provocar situaciones de agravio comparativo insoportables.

El de la hepatitis C es un ejemplo paradigmático. La infección por este virus causa daños en el hígado que pueden dar lugar a cirrosis y cáncer. El nuevo tratamiento para esta infección dura entre seis meses y un año y cuesta 30.000 euros, pero eleva la tasa de curaciones del 45% al 75% de los pacientes tratados. En España se estima que hay 900.000 infectados por el virus y que son susceptibles de ser tratados. Cuanto más temprano sea el tratamiento, mejor. Los especialistas recomiendan tratar a partir del grado 2 de fibrosis, pero la mayoría de hospitales no lo autorizan hasta fases avanzadas de daño hepático. El resultado es una intolerable desigualdad entre pacientes de comunidades autónomas vecinas e incluso entre pacientes de dos hospitales de una misma ciudad. Estas desigualdades son injustas y afectan a uno de los núcleos centrales del sistema sanitario público: la equidad.

Se echa de menos una mayor agilidad en la aprobación de las novedades terapéuticas. Las autoridades sanitarias deberían hacer un riguroso examen de los nuevos fármacos y aprobar solo aquellos que aporten ventajas sustanciales; pero una vez aprobados, cualquier demora en su administración es una irresponsabilidad. También deberían articular un procedimiento ágil de decisión que permita aplicar criterios razonables y compartidos de dispensación de los tratamientos y se eviten desigualdades territoriales. La grandeza de un sistema sanitario público y universal es que no establece barreras de acceso y trata a todos los ciudadanos por igual.