La legislación y el pueblo

Resulta paradójico que los gobernantes del Estado español hagan referencia continua al marco de la legalidad establecida en la legislación de mayor rango. Es decir, la Carta Magna o Constitución, cuando hacen referencia al soberano deseo de todo un pueblo, Cataluña, de poder expresar democráticamente su determinación a mantenerse como ciudadanos españoles o bien a ser reconocidos como identidad propia e independiente.

Y me parece paradójico porque no muestran la misma determinación cuando ellos han violado y violan sistemáticamente los artículos 35 y 47 de la misma Carta Magna sin que nadie les reclame las responsabilidades derivadas de su incompetencia y mala praxis. Esto nos ha conducido a que más del 35% de la población, a la que deberían gobernar, por la que deberían velar y a la que deberían representar, viva en una situación crítica. Sin trabajo y en muchos casos sin hogar o con serias dificultades para poder soportarlo.

Según definió Gaius, “la ley es lo que el pueblo manda y establece” y según Santo Tomás, “es la ordenación de la razón dirigida al bien común”. Por tanto, ambos supeditan la existencia y aplicación de la legislación a la voluntad soberana del pueblo y a la simple aplicación de la lógica y la razón.

Siendo así, cuando se produce una muestra de tamaña envergadura como la que tuvo lugar el pasado día 11, el poder legislativo tiene la obligación de utilizar las herramientas de las que dispone, en este caso la abrogación, subrogación o derogación con el propósito de permitir al pueblo (a quien sirven las leyes y nunca al revés) por lo menos a expresar libremente su voluntad. Otra cosa será que una vez conseguido ese derecho el resultado se tenga en consideración… pero esa ya será otra historia.— Sergio Torres Giménez. Barcelona.

El artículo La otra responsabilidad de los intelectuales, de Félix Ovejero, ha tenido en mí dos reacciones, una negativa y otra positiva. No me gustó nada cómo habló Ovejero sobre el sentimiento de los otros (en este caso, personificado en las palabras del conseller Mas Colell). Igual que hay catalanes que nos sentimos cómodos dentro de España, los hay (ahora mayoría) que no lo están. Una de las razones de esta incomodidad es la desconfianza que han alimentado agravios no solo pasados, sino también muy recientes.

Lo que sí en cambio me pareció atinada es su tesis principal. El intento descarado (por decirlo suavemente) de los que se sienten agraviados de convencernos de sus argumentos, pero, sobre todo, el simplismo de estos argumentos —“han sido 300 años de dominación no de convivencia”, “solo hay dos caminos: la libertad del pueblo o continuar bajo dominación”, “España nos roba”, “España no es una democracia”, “La lengua está amenazada”— me parece un auténtico insulto a la inteligencia. Y sí, resulta sorprendente que haya tantos que miran hacia otro lado.— Ana Sofía Cardenal. Barcelona.

A priori suena bien, pero no logro entender quién se arroga el derecho a delimitar quiénes pueden o no decidir. Si se defiende ese derecho de forma tan reduccionista, sin contar con el resto del país, debería entonces ser con todas las consecuencias. Es decir, si llegara el caso tendrían que aceptar la decisión de aquellas regiones —de las cuatro que<TH>conforman la comunidad autónoma— que querrían seguir perteneciendo a España, de las poblaciones que desearían permanecer como hasta ahora e, incluso, de los barrios que no querrían formar parte de una Cataluña independiente.— Pilar Santillana. Madrid.