Regulador discutible

El Gobierno ha aprobado finalmente la fusión de todos los organismos reguladores y supervisores. La Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) que iniciará su andadura el próximo mes. Integrará la CNC, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Se trata de una decisión controvertida por su dudosa eficacia, por la amenaza real a la independencia del nuevo regulador en este formato y por la falta de referencias internacionales homologables que avalen el buen funcionamiento de la CNMC.

La única razón clara de esta fusión desordenada es el ahorro de costes, debido al recorte del número de vocales de las instancias que desaparecen y que el Gobierno calcula entre 28 y 30 millones de euros. Pero la complejidad y diversidad de los mercados y actividades que trata de abarcar ese nuevo organismo alerta de riesgos en su eficacia que pueden generar costes más importantes que el poco más que simbólico ahorro que ahora se exhibe, y que no compensa las amenazas a la calidad de la función, los riesgos reguladores y las posibles dudas de independencia de los inversores nacionales y extranjeros.

El control de esos mercados, la transparencia y libre concurrencia en su funcionamiento, es esencial para la competitividad del conjunto de la economía. Esa función supervisora será tanto más eficaz cuanto mayor sea el conocimiento, la especialización en última instancia, de los supervisores. La eficacia y la independencia no quedan garantizadas por el nuevo regulador, que parece poco más que un organismo autónomo administrativo. La dependencia del mismo del Ministerio de Economía y Competitividad justifica las críticas del principal partido de la oposición y los recelos mostrados por no pocos expertos y la propia Comisión Europea.

Como demuestra el caso de la Autoridad Fiscal Independiente, una entidad pensada para fiscalizar el gasto público que las autoridades económicas pretenden transformar en un organismo de Hacienda, se vuelve a comprobar que se antepone el control directo de entes que deberían ser completamente independientes y de gran prestigio arbitral a contar con un amplio respaldo político y técnico de las instituciones.