Demasiada premura

El aforamiento de políticos y cargos institucionales de diverso orden, de modo que no se puedan tramitar causas penales contra ellos en los tribunales de primera instancia sino por otros superiores —Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de las respectivas autonomías— aparece cada vez más como un privilegio insostenible en las democracias modernas, caracterizadas sobre todo por el derecho a la igualdad entre los ciudadanos. Pero no solo eso. Con frecuencia se convierte en un obstáculo para la investigación del delito, al romper el impulso inicial que la motivó y quedar en manos de instancias judiciales alejadas del originario foco delictivo al tiempo que próximas a los círculos del poder.

Ese riesgo planea sobre el caso Nóos tras haber solicitado el fiscal Anticorrupción de Baleares el traslado de todo lo investigado —160.000 folios— al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se basa en la condición de aforados del anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos diputados autonómicos, para los que pide su imputación por los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad en documento oficial. Ello supondría dejar fuera de juego al juez José Castro, que instruye el sumario desde hace tres años y está a la espera de concluirlo tras diversas diligencias sobre la infanta Cristina.

Sorprende que el mismo fiscal que inicialmente mantenía la procedencia de una investigación paralela, como pieza separada de la principal, sobre el papel de Camps y Barberá en la concesión de más de tres millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, se pronuncie ahora contra esa posibilidad, aduciendo la doctrina clásica de que el imputado aforado prevalece sobre el que no lo es “cuando no pueda escindirse la causa”. Sorprende también que plantee esa solicitud antes de que el Tribunal Superior de Valencia haya tomado una decisión sobre la imputación de Camps y Barberá y que deduzca con tanto adelanto que los hechos que puedan atribuírseles no son judicialmente escindibles de los que investiga el juez Castro en Palma de Mallorca.

Habrá que estar a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia valenciano. En el supuesto de que asumiera la competencia en un caso tan complejo y voluminoso y que afecta en buena parte a hechos acaecidos en otra comunidad, el juez Castro dispone de medios legales para defender la suya si estima que le ha sido arrebatada indebidamente. Constituiría un escándalo que el caso Nóos, despiezado o no, quedara sin investigar en todas sus ramificaciones. Como en otros asuntos de corrupción política, la justicia se juega en éste su credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Y no ayuda a ambas la premura con que el ministerio fiscal quiere arrebatar el caso al juez que lo instruye desde hace tres años.