Dueños de la palabra

La oposición parlamentaria no pide que la mayoría del Partido Popular le dé la razón respecto a su convicción de que el presidente Rajoy mintió en su comparecencia sobre el caso Bárcenas, sino tan solo que se le deje defender esa posición y debatirla. La cuestión es si cuando el Gobierno está protegido por una mayoría absoluta es posible debatir en el Parlamento sobre asuntos que le incomoden. El bloqueo del PP a las iniciativas de la oposición hace inviable el control del Ejecutivo por parte del legislativo.

Los socialistas han planteado una batería de propuestas para que Rajoy responda de las contradicciones de su comparecencia del 1 de agosto, en particular en relación a su afirmación de que Bárcenas ya estaba fuera del PP cuando él entró en La Moncloa. El problema es que si Rajoy comparece para aclarar ese y otros puntos, y se demostrara que ha mentido, quedaría en una posición de extrema debilidad para desempeñar sus responsabilidades.

Por eso su grupo parlamentario ha extendido una valla reglamentaria que impida prosperar todas esas iniciativas. Solo ante la amenaza de los socialistas de presentar una moción de censura, que aunque no ganaran supondría un desgaste muy fuerte para Rajoy y para su Gobierno, accedió el presidente a comparecer el pasado 1 de agosto. El riesgo era que ulteriores revelaciones de Bárcenas le dejaran en evidencia. No ha ocurrido, pero sí que las declaraciones ante el juez de los secretarios generales han puesto en cuestión algunas de sus afirmaciones, revelando como mínimo una intención de ocultar la verdad.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, argumentó ayer para justificar el veto a la interpelación de Rajoy que planteó el PSOE que ese mecanismo de control previsto en el Reglamento se aplica a los ministros pero no al presidente, y que cuando gobernaba Zapatero era el PP el que proponía incluir esa posibilidad, y los socialistas los que se oponían. El portavoz de CiU se abstuvo en la votación porque si bien consideraba que el reglamento sí lo permitía, estaba en desacuerdo con que la interpelación se planteara como paso previo a la reprobación del presidente con la intención de forzar su dimisión, pues el único procedimiento constitucional para ello es la moción de censura.

La moción de censura no prosperará frente a la mayoría popular, y esa mayoría, por lo visto ayer en el Congreso, cierra cualquier otra posibilidad de exigencia de responsabilidades a través de debates parlamentarios que la oposición reclama y el rodillo del PP veta una y otra vez.

Tal vez, entonces, la oposición, al menos la socialista, tendría que desligar la demanda de debate, un arma política de desgaste, de la de dimisión del presidente, un órdago. Por realismo político y porque seguramente comparte la preocupación ante posibles situaciones de inestabilidad política sin una alternativa clara.