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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Con Bruselas, mejor

Los intereses compartidos favorecen la intervención de la UE en el conflicto de Gibraltar

El necesario acuerdo Madrid-Londres sobre Gibraltar pasa por Bruselas, sobre todo cuando no funcionan los foros de diálogo entre los dos países o aquellos en los que intervienen las autoridades del Peñón o las andaluzas. Tanto el conflicto de soberanía, que tiene tres siglos de profundidad, como los conflictos de vecindad entre las poblaciones a ambos lados de la Verja. Estos conflictos, menores pero periódicos, envenenan las relaciones entre España y Reino Unido retrasando no ya la solución al problema de fondo sino la posibilidad misma de abordarlo.

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Cameron ha reiterado que cualquier conversación sobre la soberanía deberá contar con el beneplácito de los gibraltareños. Esa posición es un colchón que permite a Londres esquivar el problema real, que no es de autodeterminación-independencia sino de reunificación territorial, como lo es el de Irlanda. En ambos casos hay que contar con la opinión de las poblaciones, pero sin que ese sea el único criterio. La estrategia española sobre los habitantes del Peñón, que dependen de España para servicios esenciales, ha oscilado entre tratar de hacerles la vida difícil para que pasen a reclamar un acuerdo; o, al revés, de intentar asociarles, mediante acuerdos favorables para su vida cotidiana, a una salida amistosa (cosoberanía o una autonomía política amplia). Ninguna de las dos vías ha tenido el menor éxito.

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Ahora estamos en la línea semidura, con la salvedad del intento de comprometer a la UE en la búsqueda de acuerdos en lo cotidiano. La Comisión Europea ha aceptado enviar una delegación de observadores que analicen los agravios respectivos. Para España, el lanzamiento de los famosos 70 bloques de hormigón en caladeros de pesca, el suministro de combustible a buques fondeados en la zona y un régimen fiscal que favorece el contrabando y el blanqueo de dinero; y para los gibraltareños, los controles que provocan el colapso de la frontera y la amenaza de cobrar tasas por cruzarla. Que sean asuntos concretos favorece un acuerdo que enfríe las tensiones.

Bruselas carece de competencias sobre cuestiones de soberanía, pero tiene responsabilidades en la aplicación de la normativa comunitaria. Aunque no actúe como mediadora, sí puede hacerlo en defensa de intereses compartidos por dos socios. Ayer mismo se publicaron datos sobre entrada de turistas en España. El Reino Unido, con 13,6 millones de un total de 57,7 (el 23,6%) ocupa con diferencia el primer lugar.

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