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TRIBUNA

Paren la máquina: hiperregulación en la UE

Con la aprobación de 18 normas diarias, la burocracia europea se vuelve ingobernable

Unión Europea no pasa por su mejor momento. A las desavenencias entre los diferentes Estados que la forman y la cada vez mayor distancia económica entre el Norte y el Sur se une la falta de credibilidad y confianza de los europeos hacia sus instituciones. Los tiempos han cambiado y lo han hecho para todos. Hace unas décadas, los españoles mirábamos a Europa como el espacio de salvación en el que se defendían nuestros intereses de manera legítima y democrática y sobre todo eficaz. Hoy en día las cosas ya no son lo que eran.

Hace apenas un mes, Foro Europa Ciudadana publicaba una encuesta en la que se observaba cómo el grado de sentimiento y pertenencia de los españoles hacia Europa estaba alcanzando unos niveles muy bajos y nunca antes vistos. A diferencia de épocas anteriores, los españoles nos mostrábamos muy críticos con la Unión. Así, el 81,5% de los españoles consideraba que el actual número de órganos políticos y administrativos impide tomar decisiones rápidas y consensuadas y el 72% de los encuestados opinaba que la gran cantidad de leyes comunitarias es una traba para la creación de empleo y el desarrollo de empresas.

Este punto nos ha llamado la atención y hemos querido profundizar en ello. Necesitábamos saber si esta percepción estaba sustentada en datos objetivos que explicasen que una entidad supranacional tradicionalmente bien vista por los españoles sufriera ahora una crisis de imagen como la que mostraban las encuestas.

Las instituciones europeas aprueban 3.076 normas jurídicas al año, es decir, 280 normas jurídicas al mes 

El resultado ha sido demoledor. En el informe Hiperregulación en la Unión Europea se pone de manifiesto que las instituciones europeas aprueban 3.076 normas jurídicas al año, es decir, 280 normas jurídicas al mes y 18 normas jurídicas al día. Son normas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, desde los alimentos, los medicamentos, los medios de transporte, la energía y, en general, la inmensa mayoría de los productos que consumimos.

Una producción normativa como esta plantea serias dudas sobre su eficacia. La transparencia —el 96% de los españoles reclaman más a las instituciones europeas— no solo es rendir cuentas de la actuación de los poderes públicos. La transparencia implica también racionalización, economía de medios y sobre todo comunicación. Dieciocho normas al día, 280 normas al mes y 3.076 al año están fuera de todo control posible que queramos ejercer, no ya para el ciudadano, incluso para el profesional, para el investigador del Derecho. Esta cifra supone un número tal que desvirtúa la legitimidad de nuestra, otrora, Europa de los ciudadanos.

El efecto multiplicador de esta ingente cantidad de legislación es tremendo. Más del 70% de las leyes de los Estados miembros procede de Bruselas. La transposición de cada norma implica entre 30 y 300 medidas para que el derecho nacional pueda adaptarse a los requisitos comunitarios. Multipliquen 300 por 3.076 y se darán cuenta de la magnitud del problema.

Los beneficios derivados de la reducción de cargas administrativas podría aumentar en un 1,5% en el PIB comunitario

Pero no todo se queda en un reproche numérico. El ansia por regular tiene también consecuencias económicas. Las empresas se encuentran obligadas a afrontar unas exigencias administrativas que implican altos costes económicos, cargas y tasas que perjudican su productividad. Productividad que, por otra parte, se nos exige, cada día y cada hora, desde el poder económico y financiero europeo. La propia Comisión Europea, en su documento Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea, estima que los beneficios económicos derivados de la reducción de cargas administrativas podría provocar un aumento del 1,5% en el PIB comunitario, lo que supondría al menos 150.000 millones de euros, casi tres veces más del rescate a la banca española.

La responsabilidad de la crisis económica que padecemos está repartida, pero no por ello debemos evitar pedir a los órganos de decisión, tanto nacionales como comunitarios, que sean más activos y eficaces que nunca. Europa no puede permitir que crezca su burocracia y tampoco puede convertirse en un ente ingobernable, dedicado única y exclusivamente a la autorregulación, a la defensa de su propia existencia.

Esta semana se habrán reunido en Bruselas al menos cuatro consejos de la Unión, que tratarán diversos temas que nos afectan directamente, entre otros la nueva regulación del tabaco, un sector que en España aporta 56.000 empleos y que genera 10.000 millones de euros de recaudación fiscal que podrían verse reducidos como consecuencia de este exceso regulatorio.

Es solo un ejemplo de la importancia que tiene la regulación europea en España. Fue la Unión Europea quien acuñó el término better regulation. Es hora de pasar de las palabras a los hechos, de que el better se convierta en smart, como ya apuntan muchos think tanks como Foro Europa Ciudadana, y podamos, entre todos, volver a sentirnos identificados con una Unión fuerte, segura y sobre todo inteligente.

Probablemente, en el tiempo que hayan tardado en leer este artículo alguna disposición europea o transposición nacional se haya aprobado, por lo que es necesario recordar a Bruselas que el poder de asimilación del ser humano tiene un límite y estamos a punto de alcanzarlo.

José Carlos Cano es presidente de Foro Europa Ciudadana.

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