Bloqueo inaceptable

La negativa de la mayoría absoluta del PP a toda comparecencia parlamentaria de Mariano Rajoy hasta septiembre es una decisión inaceptable, basada en argumentos como que Bárcenas solo dice mentiras. Hasta ahora nadie ha puesto la mano en el fuego por el extesorero del PP, excepto este partido en un pasado no tan lejano. El uso de la mayoría absoluta para impedir la comparecencia no resuelve nada y es la forma más segura de dar pábulo a las especulaciones de que el presidente del Gobierno se encuentra sometido a un chantaje del que no sabe bien cómo zafarse.

Rajoy nunca ha dado explicaciones en el Parlamento sobre la supuesta financiación ilegal del PP reflejada por los papeles de Bárcenas. Por lo tanto, carece de sentido el argumento de que ya se ha explicado para justificar no hacerlo ahora. Tras la reproducción del cuaderno del extesorero en este periódico, a partir del 31 de enero, se limitó a negar que hubiera recibido ni repartido dinero negro, y lo hizo encapsulado en una reunión de la dirección de su partido. Tampoco está dispuesto a explicarse ahora, una vez que Bárcenas amenaza con llevar el desafío mucho más lejos, a pesar de las reiteradas peticiones de la oposición.

Está completamente fuera de lugar el argumento utilizado ayer por el jefe de la mayoría parlamentaria, Alfonso Alonso, cuando acusó a la oposición de convertirse en “los abogados de un señor que ya no tenía quien le defendiera” y de “apadrinar” a un delincuente, por cierto espléndidamente pagado por el PP hasta el 31 de enero. Demasiados nervios, aunque lo peor es la sensación de impotencia que transmite la cúpula del PP.

El incidente rompe el clima de relativo consenso entre las principales fuerzas parlamentarias alcanzado en las últimas semanas para algunos temas clave. Alfredo Pérez Rubalcaba, jefe de la minoría socialista, cuestionó ayer a un mandatario que, a diferencia de sus homólogos europeos, rehúye al Parlamento por graves que sean las sospechas difundidas sobre su partido y sobre él mismo. Rubalcaba lleva razón en que los usos de otras democracias son diferentes, como lo evidencia la dimisión del presidente de Alemania, Christian Wulff, en 2012, por sospechas más leves que las apuntadas en el caso Bárcenas, o el anticipo de elecciones en Luxemburgo por su primer ministro, Jean-Claude Juncker, a causa de irregularidades de los servicios secretos.

A la luz de lo sucedido cobra más sentido la retirada de varias minorías parlamentarias de la ponencia encargada de la Ley de Transparencia, entre ellas la socialista y la de Izquierda Unida. No se debe abusar de la táctica de la silla vacía, sobre todo en el caso de una norma que puede contribuir al restablecimiento de la moral pública. Pero es cierto que la sinceridad del PP para un programa de regeneración democrática y la autoridad del Gobierno para conducirlo están ahora mismo cuestionadas.