Unión atrancada

Los ministros de Finanzas de la UE han sido incapaces de avanzar en un aspecto esencial de la unión bancaria y en concreto de su mecanismo de resolución de crisis: las reglas que han de aplicar los Estados miembros para salvar a los bancos en dificultades y los criterios para utilizar el fondo de 500.000 millones de euros de que dispondrá el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) en la capitalización de los bancos que lo precisen.

Junto a la disposición de una supervisión común y un sistema homogéneo de garantía de depósitos, el mecanismo de resolución de las crisis bancarias es uno de los tres pilares de la proyectada unión bancaria, cuya fecha de inicio estaba prevista para el año próximo. Habrá que esperar al miércoles para ver si ese aspecto central reúne el consenso necesario antes del Consejo Europeo. De lo contrario, la vulnerabilidad volverá a la escena financiera, dada la estrecha conexión entre los mercados de deuda pública y la fragilidad de los sistemas bancarios en el sur de la eurozona.

La gran duda es quiénes han de soportar las consecuencias de las insuficiencias de capital de los bancos, si los acreedores e inversores, o los contribuyentes, y con qué grado de prelación. La experiencia de Chipre actúa como principal referencia. Antes de aportar dinero público, deberán ser los accionistas y todo tipo de inversores, incluidos los depositantes a partir del límite garantizado por el seguro de depósitos (100.000 euros) los que asuman los daños derivados de la quiebra de un banco.

La flexibilidad en la aplicación de esa regla —las eventuales excepciones para algunos depositantes—, sintetiza las discrepancias entre los Gobiernos. Alemania ha encabezado el grupo de países partidarios de conceder poca flexibilidad a las autoridades nacionales a la hora de delimitar quiénes son los afectados por las pérdidas de los bancos. El Gobierno francés, por su parte, es el que ha encabezado el grupo de países partidarios de la flexibilidad adecuada a las especificidades de los sistemas financieros nacionales. En esta posición estaría también el Gobierno español, partidario de algunas excepciones a depósitos de pequeñas empresas.

La ausencia de acuerdo en la conformación de la unión bancaria, o su subordinación a las elecciones alemanas, prolonga una interinidad que ha acentuado la inestabilidad financiera. El horizonte de retirada de los estímulos monetarios en EE UU o los arbitrados por otros bancos centrales, como ahora reclama el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) complicará la esperada recuperación en las economías más dañadas. En especial en aquellas, como la española, donde el endeudamiento privado y la persistencia de una elevada tasa de desempleo renueva los temores sobre la salud de sus bancos. Y, consecuentemente, sobre la necesidad de que el cada día más caro endeudamiento público vuelva a actuar como principal mecanismo de auxilio.