El presidente Jonathan, “Gran Hermano” de Nigeria

Por Chido Onumah

La administración del presidente Jonathan tiene la costumbre de investigar a los periodistas –esta vez les ha tocado a los de Premium Times- que intentan alertar a los nigerianos de las constantes agresiones que comete contra sus/nuestras libertades individuales.

El caso más reciente, en el que participa la empresa israelí Elbit Systems Ltd., consiste en un “sistema de tecnología de información inteligente para el análisis de inteligencia y ciberseguridad”. Estamos esperando que los portavoces presidenciales, Reuben Abati y Doyin Okupe, nos confirmen que tal como se rumoreaba, existe un contrato con dicha empresa. Pero nos podemos imaginar que están muy ocupados preparando una respuesta “adecuada”.

La compañía Elbit describe su sistema como “una solución de principio a fin muy avanzada que soporta cualquier fase de un proceso inteligente incluyendo la recopilación de datos desde múltiples fuentes, bases de datos y sensores, procesamiento de la información, apoyo al personal de inteligencia para analizar y evaluar la información, así como la difusión de la información al destinatario”. En resumidas cuentas, todo esto quiere decir que el gobierno ha contratado a Elbit para minar la privacidad de los ciudadanos y espiar a los cerca de cincuenta millones de usuarios de internet que hay en este país.

El presidente de Nigeria declaraba el pasado mayo el estado de emergencia

Además, es una demostración más de la falta de transparencia de este gobierno que adjudicó un contrato sin respetar los procedimientos legales. Sin embargo, esto no significa que la asignación del contrato no estuviera documentada. Según publicaba Premium Times, “el gobierno había anunciado que en el presupuesto de 2013 dedicaría una partida de 9.496 billones de nairas (47 millones de euros aproximadamente) para un Sistema analizador inteligente para la obtención de datos de Internet, un sistema de monitorización de código abierto y un sistema de vigilancia personal en Internet”.

Por su parte, la empresa Elbit lanzó un comunicado de prensa a escala mundial el 24 de abril de 2013 anunciando la adjudicación del contrato: “hemos conseguido un contrato de alrededor de 30 millones de euros con un país africano para el suministro de un Sistema de tecnología de información inteligente para el análisis de inteligencia y ciberseguridad”.

“Ahora que el contrato de 30 millones de euros se ha adjudicado a Elbit”, sería interesante saber, tal como apuntaba Premium Times “si la Asamblea Nacional debatirá algunas cuestiones como por ejemplo dónde ha ido a parar el resto del dinero (17 millones de euros) destinado a ese proyecto”.

En el periódico online también se podía leer: “así pues, como no se publicó ningún concurso público, no se recibieron ofertas ni licitaciones por lo que el contrato se adjudicó directamente a la empresa israelí. El contrato se concedió a raíz de la propuesta de un único proveedor que dictó el importe del contrato y las condiciones del mismo”.

“La forma en que se adjudicó el contrato incumple claramente la Ley de 2007 sobre contrataciones públicas”, añadía dicha publicación online. A pesar de que la ley permite realizar contrataciones directas, el contrato de Elbit no cumplía con ninguno de los requisitos necesarios en virtud de los cuales pueden atribuirse este tipo de contratos. El artículo 47 (3) (iii) de la Ley de 2007 estipula que las contrataciones directas se adjudicarán únicamente en casos de emergencia como “desastres naturales o crisis económicas”.

Más allá de cualquier consideración sobre la ausencia de un procedimiento reglamentario, la cuestión fundamental en este asunto es conocer la pertinencia de este contrato. No cabe duda de que algunos cuestionarán la pérdida de nuestras libertades individuales y dirán que el gobierno necesita un servicio de “espionaje” de estas características en vista de los enormes fallos de seguridad que se producen en todo el país. Pero ¿qué garantía tenemos de que Nigeria esté haciendo una buena inversión?

Me parece un verdadero problema que tengamos que encargar nuestra seguridad nacional a una empresa privada de un país extranjero. El contrato de dos años con Elbit incluye una cláusula que debería preocupar a cualquier persona interesada en saber hacia dónde se dirige nuestro país. Según Joseph Gaspar, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Elbit, “el comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (en virtud del artículo 27 A de la Ley de Títulos, Valores y Bolsas de 1933, con sus enmiendas y del artículo 21 E de la Ley de Títulos, Valores y Bolsas de 1934, con sus enmiendas) sobre Elbit Systems Ltd. y/o sus filiales (la empresa en conjunto), en la medida en que dichas declaraciones no tengan relación con hechos históricos o actuales”.

“Dichas declaraciones prospectivas están basadas en previsiones, estimaciones, predicciones y suposiciones que realiza la dirección de la empresa. Las declaraciones prospectivas se hacen dentro del contexto de la Ley de Reforma de los Litigios sobre Valores Privados de 1995, con sus enmiendas. Estas declaraciones no tienen garantías de rendimientos futuros e implican ciertos riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir”.

“Por tanto, los resultados reales futuros, el rendimiento y las tendencias pueden diferir considerablemente de las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores incluyendo, sin limitación: el alcance y la duración de los contratos de los clientes; las medidas del gobierno y su correspondiente aprobación; cambios en las prioridades presupuestarias del gobierno; el mercado general; las condiciones políticas y económicas de los países en los que la empresa opera y comercializa sus sistemas incluyendo Israel y Estados Unidos, entre otros; las diferencias en la ejecución de los programas previstos y reales, incluyendo la capacidad de cerrar contratos de larga duración a precio fijo; y el resultado de los procedimientos legales y/o regulatorios”.

Tengo la impresión de que algún nigeriano “hábil” debe haber convencido al gobierno de que una inversión de 30 millones de euros en un sistema inteligente de seguridad le permitiría vigilar estrechamente a sus opositores y a ciertos “alborotadores”. Pero, ¿cómo es posible que un estado encargue un proyecto de estas características cuando ya dispone de un servicio de inteligencia y de iniciativas de seguridad? Todos sabemos lo mal equipados y mal entrenados que están los cuerpos de seguridad de este país, y en especial la policía. Su falta de coordinación se ha convertido en un motivo de vergüenza nacional.

Hace unos meses, el presidente Jonathan visitó la Academia de policía Ikeja en Lagos y se quedó con razón asustado al ver el estado en que se encuentra la primera institución de entrenamiento de agentes de policía del país. Durante la visita del presidente también supimos que la Academia de Ikeja es solamente un pequeño ejemplo de la situación de penuria que caracteriza a todas las escuelas de policía nigerianas. Imaginemos la clase de entrenamiento que recibirán los policías en la Academia de Ikeja y en otros centros de formación y la disposición que tendrán los miembros de la seguridad nacional para realizar labores de espionaje.

La eficacia del personal es esencial en cualquier operación de seguridad y espionaje. El gobierno mejor haría en preocuparse por la crisis interna que padecen los cuerpos de seguridad del estado en lugar de derrochar millones de euros en un proyecto oscuro, falso e ilegal. El pasado 27 de abril, el periódico Saturday Punch publicaba una información según la cual el gobierno federal había bloqueado la instalación de diez mil cámaras de seguridad en Lagos. De acuerdo con la misma información el plan, bajo el patrocinio de Safe City Project de Lagos consistía en “colocar un circuito cerrado de diez mil cámaras alimentadas con energía solar en todas las ciudades del país”.

Recientemente, el gobernador del estado de Lagos, Babatunde Fashola fue citado por decir lo siguiente sobre el proyecto que se inició en 2009: “En un mundo donde gobierna la tecnología de la información, nuestro país tiene que ser reconocido por adoptar buenas prácticas. Para ello, tenemos que proporcionar a la Policía, los bomberos y otros miembros de la seguridad nacional cámaras, sensores y dispositivos de localización, herramientas imprescindibles en sus equipos para desempeñar su trabajo con mayor eficacia”. Me parece que si un gobierno federal se interesa por la seguridad de sus ciudadanos debería evitar este tipo de enfrentamientos sobre un asunto que manejan los propios estados.

Asimismo, existen muchos otros factores a tener en cuenta para hacer frente a la inseguridad de este país. ¿En qué situación se encuentra, por ejemplo, el proyecto de crear un documento nacional de identidad? ¿Funciona con eficacia nuestro sistema de obtención del permiso de conducir? En un país donde la gente pretende ser quien no es y consigue ser otra persona en cuestión de un minuto; en un país donde la gente puede sortear nuestras numerosas fronteras sin ningún tipo de documentación, se necesitaría más de lo que ha costado un contrato con una empresa extranjera conseguido gracias a un buen negocio y unas palabras nada tranquilizadoras para proteger a los nigerianos

Desde luego, el gobierno haría bien en invertir en la vida de los ciudadanos mediante la prestación de una educación y una asistencia sanitaria de calidad, crear las condiciones necesarias para que la economía prospere y facilitar la creación de empleo a millones de graduados universitarios en paro.

Todo eso, en definitiva, es la mejor defensa contra la inseguridad.