Explicación inmediata

La Agencia Tributaria tiene que aclarar de inmediato lo sucedido con las anotaciones de venta de bienes inmobiliarios en 2005 y 2006 a nombre de doña Cristina de Borbón. Es impresentable que la Agencia no lo hiciera ayer, cuatro días después de surgido el escándalo; sería intolerable que no lo hiciera hoy. Ya que la dirección de la Agencia Tributaria no da el paso, el Gobierno tiene que ordenárselo de manera tajante, en vez de mantener una actitud inexplicable de lentitud o un incomprensible intento de ganar tiempo.

La Infanta ya ha dicho, a través de un portavoz y de su abogado, que no son ciertos los datos sobre venta de propiedades a su nombre en 2005 y 2006, por valor de 1,43 millones de euros, que la Agencia Tributaria ha atribuido a doña Cristina en un informe con trascendencia judicial y en el marco de un proceso donde se investigan delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Una vez que doña Cristina lo desmiente, la Agencia Tributaria no puede salir del asunto dando a entender que todo puede deberse a un error de notarios o registradores al consignar los datos de identificación del NIF de la parte vendedora, lo cual sugiere algo así como una concertación de voluntades para perjudicar a la Infanta. Todas estas conductas son letales para la reputación de una persona de la familia del Rey, ya cuestionada como consecuencia de los manejos de su marido, Iñaki Urdangarin.

La negativa de la Agencia Tributaria a explicarse se complementa con la del propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escudado en el argumento de que ignora el expediente de doña Cristina, al igual que el de cualquier otro contribuyente. Pero este no es el momento de desplegar la bandera de la autonomía de la Agencia Tributaria, sino de responder por la actuación del organismo que atribuye una serie de operaciones a una persona que dice no haberlas realizado en absoluto. El Ministerio de Hacienda se ampara en la ley para mantener la boca cerrada, pese a que en febrero pasado explicó diversos extremos relacionados con la situación tributaria de Luis Bárcenas, sin ir más lejos. En todo caso, la negativa de la propia doña Cristina es otro dato a favor de que Hacienda se explique.

El juez José Castro intenta desentrañar este nuevo misterio, para lo cual ha pedido a varios registros de la propiedad que le informen sobre las notas registrales de que disponen acerca de inmuebles o fincas incluidos en los datos de la Agencia Tributaria como vendidos por doña Cristina. También el fiscal del Estado se encuentra a la espera de que sus servicios lo estudien. La justicia busca la verdad procesal, como es lógico, pero los ciudadanos necesitan estar seguros de que la Agencia Tributaria no comete errores. En el tramo final de la presentación de declaraciones por el IRPF, solo faltaba que Hacienda apareciese mezclada en una cadena de confusiones y equivocaciones.