Proceso a las cajas

La decisión del juez Elpidio José Silva de dictar prisión provisional eludible —eludida desde ayer por la tarde— bajo fianza de 2,5 millones contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, no desentona de la práctica procesal común, pero incluye elementos que mueven a la reflexión.

El juez tiene capacidad para decidir el encarcelamiento si el delito investigado puede dar lugar a penas de cárcel superiores a los dos años o si aprecia riesgos de fuga o destrucción de pruebas. En este caso, el juez ha encontrado indicios de los que se desprende bien administración desleal o bien apropiación indebida y falsedad de documento público en la compra, por parte de Caja Madrid, del City Nacional Bank de Florida.

Está en juicio la pésima gestión de una de las primeras entidades financieras españolas, gestión en la que se mezclaron estrategias incompetentes con la intervención permanente de las autoridades de la Comunidad de Madrid, consejeros colocados a dedo que no leían las auditorías con empresarios y sindicalistas percibiendo retribuciones por tareas para las que no estaban cualificados. Pero la cuestión principal es si la investigación de la compra del CNB de Florida conducirá a demostrar causas y responsables de esa quiebra o si se acabará dando por buena la idea de que las pérdidas de la caja por la adquisición (unos 500 millones) son solo el resultado de un precio estratégico erróneo, pero no doloso. Porque otras entidades bancarias y empresas han adquirido activos a precios muy superiores a los de mercado con el fin de obtener ventajas de futuro (cuotas de mercado, dominio regional), y sus expectativas se han frustrado a posteriori, después de una crisis financiera que no se supo anticipar. También estas entidades han tenido que arrostrar enormes pérdidas.

El juez sigue los protocolos de evitar la fuga, atar al imputado al proceso mediante una fianza elevada y evitar la destrucción de pruebas. El instructor debe evitar en lo posible los adjetivos; el auto, sin embargo, abunda en ellos, lo cual puede dar motivo a recusaciones. Califica de “aberrante” que Caja Madrid adquiriera el banco de Florida en pleno tsunami financiero y se explaya irónicamente en torno a la “tormenta perfecta” que hizo zozobrar la caja; no fue el clima, dice el juez, sino el proceder de su presidente y la falta de controles adecuados de riesgos; pero no se citan indicios de desvío de fondos o de cobro de comisiones ilegales.

Es deseable que la crisis de Caja Madrid, que le ha costado de forma directa o indirecta más de 40.000 millones a los ciudadanos, no pase inadvertida e impune. Para ello, es crucial que la compra del banco norteamericano o del crédito a Díaz Ferrán se investiguen exhaustivamente, exigencia que quizá no sea compatible con la rapidez; y que el proceso de fusión de Caja Madrid o su salida a Bolsa también se analicen judicialmente con toda la atención que se merecen.