Crisis e instituciones

La encuesta de Metroscopia que publica hoy este periódico muestra la crisis de confianza que alcanza a todas las instituciones clave del sistema constitucional, desde los partidos políticos al Gobierno del Estado y al Parlamento, todos ellos pésimamente valorados. Por encima de ellos se sitúa el grado de aprobación del rey don Juan Carlos, que, sin embargo, pierde parte del crédito popular de que disponía. Por primera vez, son más los que desaprueban la forma en que desempeña sus funciones que los que la aprueban. La crisis golpea la confianza en las instituciones, mientras progresa la depositada en los movimientos de la sociedad civil como nuevos vehículos de las preocupaciones ciudadanas.

En este contexto se ha producido la imputación de la infanta Cristina en la causa que afecta entre otros a su marido, Iñaki Urdangarin. Y ese hecho, posterior a las fechas de realización del sondeo, afectará de nuevo y de forma inevitable a la imagen de la jefatura del Estado, hasta tiempos recientes una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía. Más allá del hecho en sí, produce daño también la agitación que lo acompaña: desde aquellos que de forma injustificada pretenden que la imputación de la Infanta cuestiona la jefatura del Estado a los que atacan al juez instructor por su supuesta sed de protagonismo. Es difícil llamar a la serenidad en ese ambiente. Pero eso es exactamente lo que necesita este país.

Hay que aplaudir la reacción del príncipe don Felipe. Una vez conocido el hecho judicial que afecta a una de sus hermanas, el heredero de la Corona defendió la independencia de la justicia de manera oportuna. La decisión del Príncipe contribuye a paliar la impresión causada por el explícito apoyo de la Casa del Rey al recurso de la fiscalía contra la imputación de doña Cristina. Un país serio no debe dejarse arrastrar por oleadas de pasiones. Si el juez ha visto indicios como para llamar a declarar a la Infanta, es su obligación hacerlo, lo mismo que la del fiscal consiste en rebatir sus argumentos. Un tribunal decidirá quién tiene razón y la investigación proseguirá o se cerrará, como ha de ser en un Estado de derecho.

Problemas procesales al margen, los datos demoscópicos indican que en este país se está cuarteando el contrato de confianza, no escrito, entre el pueblo y sus gobernantes. Ese agrietamiento afecta a la clase política y especialmente a los dos grandes partidos. Y también afecta más a la imagen del Rey que a la propia Monarquía. Don Juan Carlos ha contado siempre con el respaldo de PP y PSOE, precisamente los más afectados por la gestión de esta crisis económica y política que lo consume todo. Algunos errores del Monarca y la tramitación judicial de la causa que implica a su yerno —ahora también a la infanta Cristina— son otros tantos elementos que explican esta erosión.

La estabilidad es un valor importante para las sociedades avanzadas, y la Monarquía ha sido garantía de equilibrio. Para recuperarse de esta crisis, la Corona necesita modernizarse. Por eso hay que considerar una buena noticia el anuncio de que la Casa del Rey desea someterse a la Ley de Transparencia, que parece poner fin a las dudas y titubeos al respecto del Gobierno, y que debe hacerse de modo que los ciudadanos perciban la Monarquía como una institución abierta a la rendición de cuentas. A las Cortes les corresponde actuar, ante todo a la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo. El proyecto de Ley de Transparencia fue enviado al Congreso hace nueve meses: hágase, pues, lo necesario para que nazca de una vez, como parte de las reformas que necesita la jefatura del Estado.