Guerra en Pescanova

Desde que el 1 de marzo presentara su solicitud de preconcurso de acreedores, la situación de la compañía Pescanova, presidida por Manuel Fernández de Sousa, ha ido de mal en peor. La crisis de la empresa, con más de 10.000 trabajadores, ha estallado por la presunción de que existe una doble contabilidad, que la deuda real es muy superior (el menos en unos 1.200 millones de euros) a la admitida oficialmente y que los responsables de Pescanova han ocultado a los accionistas y a los inversores información relevante sobre las cuentas, hasta el punto de que siguen sin formularse después de un consejo de casi 13 horas contraviniendo la orden expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A esta situación caótica se ha sumado un factor de desorden más: la compañía ha despedido a su auditor, BDO, después de mutuos reproches, y parece dispuesta a contratar a un forensic auditor que examine los probables fraudes en la contabilidad.

Los hechos descritos son suficientes para concluir que la dirección de la multinacional, empezando por su presidente, debería abandonar inmediatamente sus cargos, porque la presunta ocultación de deuda y el incumplimiento de los compromisos con los inversores y con la CNMV son de su exclusiva responsabilidad. Los enfrentamientos en el consejo y el conflicto con el auditor refuerzan esta urgencia. Una nueva dirección debe negociar con los bancos el concurso de acreedores (ya solicitado) y cualquier demora en designar unos nuevos responsables solo reducirá las probabilidades de salvación de la compañía, suspendida en Bolsa para evitar el hundimiento total. Pocos precedentes hay de que una empresa sea incapaz de formular sus cuentas y tranquilizar así a sus acreedores e inversores. Es una anomalía que solo se explica por la resistencia del presidente a dejar el cargo, quizá para protegerse de cualquier acción jurídica que los accionistas puedan tomar contra él.

El caso de Pescanova ilustra además sobre las dificultades que tienen los accionistas de las empresas españolas para fiscalizar la acción de los órganos de dirección. Tampoco hay normas corporativas tajantes que puedan arbitrar los conflictos en el interior de los consejos y las funciones de las auditoras no son suficientes para garantizar la veracidad de las cuentas. El resultado es que el regulador financiero, la CNMV, es un espectador más de la crisis.