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EDITORIAL

Remedio y enfermedad

Gravar los depósitos en Chipre puede terminar perjudicando a la unión bancaria europea

Desde el inicio de la crisis, la Unión Europea se ha diferenciado claramente en la aplicación de las terapias desarrolladas en Estados Unidos, de donde vino el contagio. El contraste de resultados es manifiesto. Aunque la economía estadounidense está lejos de alcanzar un ritmo de crecimiento aceptable, lo hace por segundo año consecutivo en el entorno del 2%, bien lejos de la recesión en la que está inmersa el conjunto de la eurozona. La tasa de desempleo, del 7,7%, es también significativamente más baja, aunque insatisfactoria para las autoridades americanas, hasta el punto de que su banco central ha anunciado que no dejará de mantener políticas manifiestamente orientadas al crecimiento económico hasta que ese desequilibrio se sitúe por debajo del 6,5% de la población activa. En Europa, por el contrario, además de una política monetaria menos laxa, hemos sincronizado todas las políticas presupuestarias hacia una dirección de austeridad que lo que produce es más recesión y desempleo, y ningún avance en el desequilibrio priorizado, el de las finanzas públicas.

Al aumento de la deuda pública europea están contribuyendo los apoyos a los bancos con fondos públicos. Sin embargo, la salud de las empresas bancarias está lejos de la normalización, y sigue constituyendo un foco de inestabilidad. El caso de Chipre vuelve a ser representativo al respecto. Y con él la inadecuación de las decisiones adoptadas para la superación de los problemas. Se quiere solventar el apoyo a un sistema bancario enfermo con una violación de hecho del seguro de depósitos, reafirmado por las autoridades europeas tras las amenazas de que estos huyeran de los bancos europeos en octubre de 2008.

El supuesto remedio, gravar todos los depósitos bancarios, puede acabar siendo aún peor que la enfermedad. Entre otras cosas porque pone en entredicho la vinculación de acuerdos tan esenciales para la estabilidad bancaria como el aseguramiento de los depósitos. Este seguro homogéneo en la eurozona se había constituido en una de las piezas esenciales de la recién diseñada unión bancaria; que ahora se cuestione, aunque sea bajo la forma de un impuesto más o menos elevado sobre las sumas de los depositantes, penalizando igualmente a los pequeños, es una de las más eficaces vías de generación de desconfianza no solo en los bancos, sino en el conjunto de las autoridades que supuestamente gestionan la crisis de la eurozona. Los depósitos hasta 100.000 euros deberían respetarse, mantenerse sin gravamen alguno, y los de más cuantía —los que quedan fuera del seguro de depósitos—, ser penalizados, al igual que otras deudas. Jugar con el ahorro de los ciudadanos es altamente peligroso, no solo para Chipre.

Con independencia de las variaciones que en las próximas horas tengan lugar, ya sea en el Parlamento chipriota o a instancias de la UE y del FMI, el daño ya está hecho. En primer lugar, por la inquietud sembrada en los ciudadanos de la eurozona (desde luego, los de las economías consideradas periféricas). Pero también sobre la ya mermada credibilidad de las instituciones europeas, de su capacidad para frenar una crisis en cuya génesis nada tuvieron que ver quienes ahora son llamados a soportarla. Lo ocurrido ayer en los mercados financieros apenas es una insinuación de lo que puede pasar si las torpezas y fundamentalismos siguen dominando.

Hora es de que se revisen esas terapias, y las de las economías más afectadas por la tensión de los mercados de deuda pública, abandonando esa suerte de pedagogía represora cargada de moralina, de escasa eficacia para resolver problemas económicos complejos y de impacto severo sobre el bienestar de los ciudadanos. Las economías del centro y norte de Europa han de contribuir con estímulos decididos a la demanda, condición necesaria para que no se eternice esta crisis.

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