Las tasas judiciales
El ministro de Justicia ha impulsado una ley de tasas judiciales que priva del derecho de acceso a la justicia a miles de ciudadanos. Su argumento es que un ciudadano por el hecho de tener que recurrir a los tribunales debe ser responsable del pago de este servicio público a determinados grupos como los discapacitados o las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, si el Gobierno considera que estos colectivos deben ser especialmente protegidos, debe asumir su responsabilidad y no transferirla.
Por otra parte, la protección de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida o a la integridad física, debe ser garantizada para todos los ciudadanos, sea cual sea el delito perpetrado contra la víctima, sin que la ley pueda vulnerar el artículo 14 (igualdad ante la ley) de la Constitución. Las mujeres víctimas de violencia no son más víctimas que un anciano maltratado por su familia.
El Estado dispone de otros instrumentos para ayudar a estos colectivos, como las ayudas públicas. La privatización de la justicia es anticonstitucional.— María Victoria Torres García-Lomas.
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