La sagrada neutralidad de la acción humanitaria

La guerra de Malí ha vuelto a poner sobre el tapete la tormentosa relación entre las intervenciones militares y la protección humanitaria de la población, aquella destinada a salvar vidas durante el conflicto y a sentar las bases de una reconstrucción pacífica. La complejidad estratégica de la llamada Guerra contra el Terror está volatilizando las fronteras que existen entre la acción humanitaria y los intereses estratégicos de los contendientes: ¿deben los actores humanitarios mantener una neutralidad estricta? ¿es lícito que países invasores como EEUU (en Asia central) o Francia (en Malí) se apoyen en la acción humanitaria, incluso a cargo de sus propios ejércitos? ¿Les queda alguna opción a las ONG y organismos de la ONU?

Estas preguntas son analizadas en un oportuno trabajo publicado el mes pasado por Marcos Ferreiro, exMédicos Sin Fronteras con experiencia en regiones de África, Asia y América Latina donde ni usted ni yo pasaríamos las vacaciones. Utilizando como gancho de entrada la manipulación por parte de la CIAde las campañas contra la polio en Pakistán (que le ha costado la vida a nueve trabajadores sanitarios y ha entorpecido notablemente los programas de vacunación en otros países musulmanes), Ferreiro se plantea cuál es el precio de vincular la ayuda humanitaria a los objetivos militares y políticos de los donantes-contendientes. Desde la participación de fuerzas armadas en esfuerzos de estabilización y reconstrucción (que España ha utilizado con frecuencia) hasta las nuevas estrategias de contrainsurgencia y las intervenciones basadas en la llamada responsabilidad de proteger, los objetivos se amalgaman hasta confundirse de forma peligrosa.

El estudio considera los casos de Sudán, Somalia y Afganistán, tres situaciones muy diferentes que ofrecen una conclusión similar e inquietante: la manipulación (o la simple ignorancia) de las normas internacionales en este ámbito ha convertido a los actores humanitarios en objetivos militares y económicos. Lo que es igualmente preocupante, ha incrementado la posibilidad de que sean percibidos como parte interesada de estos conflictos. Con ello no solo se reduce peligrosamente su campo de acción y el alcance de su trabajo, sino que les sitúa directamente en el disparadero. El aumento de los asesinatos, ataques y secuestros a personal humanitario en zonas de guerra ha crecido en los últimos años por encima del crecimiento de la ayuda, en ocasiones de forma exponencial: como señala un alarmante informe del ODI británico, solo entre 2006 y 2009 el número de secuestros de cooperantes creció un 350%.

No es difícil intuir las consecuencias de este fenómeno. El apoyo militar internacional al Gobierno somalí, por ejemplo, ha dificultado el acceso humanitario a buena parte del centro y sur del país, controlado por los señores de la guerra. De hecho, un secuestro no necesariamente relacionado con el conflicto, como el de las dos cooperantes españolas de MSF (del que dentro de muy poco se cumplirá un dramático año y medio), provoca en primer lugar un repliegue de las intervenciones y, si se demuestra que el secuestro está vinculado a las acciones humanitarias, puede llevar a cancelar el conjunto de las operaciones por razones de seguridad. El efecto sobre una población cuya salud, alimentación y educación dependen de la ayuda es sencillamente incalculable.

Las razones que llevaron en su momento a establecer una firme separación entre las intervenciones humanitarias y los intereses de los contendientes siguen teniendo plena vigencia, incluso en un contexto bélico que se ha transformado. Los donantes deben garantizar cortafuegos que permitan a las organizaciones operar con independencia, pero estas mismas organizaciones deben considerar las consecuencias de su propia estrategia. Como señala el informe de Marcos Ferreiro, algunas de ellas se han convertido de forma más o menos consciente en un apósito de las estrategias de guerra, lo que amenaza el trabajo de todos. Ojalá Malí ayude a recuperar unos principios imprescindibles para la protección de las víctimas de los conflictos armados.