Un tufo de viejo régimen

Los últimos años han sido pródigos en el descubrimiento de personajes que, muchas veces sin pretensiones de saltar a la política estatal, han controlado férreamente un feudo territorial. Caso evidente es el del exjefe del PP en Ourense, José Luis Baltar, que durante casi 25 años mandó en la Diputación provincial y, mediante personas de su confianza, en numerosos Ayuntamientos. La fiscalía ha reunido datos suficientes como para acusarle de haber cargado al presupuesto público los contratos de 115 personas, la mayoría con voto en el congreso del PP de 2010 en que se retiró como presidente provincial e hizo elegir a su hijo, José Manuel Baltar. El escrito presentado por el fiscal trae al siglo XXI aires de la época de la Restauración, cuando acusa a José Luis Baltar de haber utilizado la Diputación de Ourense para mantener una política “clientelar”.

Baltar es un personaje incómodo para el actual presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que en 2005 intentó encabezar la lista del PP a las elecciones autonómicas por Ourense y se vio rechazado por aquel, y que en 2010 tampoco consiguió que cuajara una candidatura distinta a la del clan Baltar en el congreso del PP. El cacique llenaba de tal modo la saca de votos de su partido, con porcentajes de hasta el 70%, que los demás jefes nunca se atrevieron contra él.

Pero el caso de Baltar cobra nueva dimensión al añadirse a la lista de 300 políticos sometidos a investigación judicial por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, apropiación de caudales públicos u otras conductas reprochables. La crisis que tan duramente golpea a amplias capas de la población está provocando un cambio muy rápido entre la ciudadanía y es significativo que la corrupción, el fraude y la inquietud por la clase política superen a la sanidad entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos, según el último Barómetro del CIS. Hasta el punto de que este centro señala la lucha contra la corrupción como el segundo de los objetivos de la sociedad española para los próximos años, después de la lucha contra el paro.

La ciudadanía se ha hartado de mordidas, financiaciones irregulares y manejos arbitrarios de una bolsa común dramáticamente agujereada. En España ya se está instalando el efecto devastador sobre la confianza ciudadana que la corrupción tiene en otros países avanzados, y que aquí tardaba en expresarse. La justicia tiene que aplicar la mayor diligencia al esclarecimiento de los casos denunciados, pero, además, atajar la corrupción resulta esencial en cualquier proyecto de regeneración política. La reforma de la Administración que negocian las cúpulas de las principales fuerzas políticas es una buena oportunidad para reforzar el fuerte control profesionalizado que necesitan las cuentas públicas, como paso para restablecer la confianza resquebrajada en la democracia misma.