Derechos humanos en Melilla

Ibrahim, de 14 años, ha tenido mucha suerte. Es paradójico afirmar esto de un adolescente burkinés acogido a la tutela de la Ciudad Autónoma de Melilla, estudiante de ESO, que un día se vio repentinamente expulsado a territorio marroquí por supuestos policías —más la posible complicidad de guardias civiles— junto con otro chico de 17 años. Vagó durante semanas por los montes próximos a la ciudad autónoma y se las arregló, se ignora cómo, para regresar a la ciudad española en patera, adonde llegó el 10 de diciembre. Detectado por la policía municipal, fue trasladado al centro en el que se encuentran los varones menores de edad tutelados por la ciudad. Toda una odisea.

¿En qué tuvo suerte, entonces? Primero, en que tropezó con miembros de la ONG Caminando Fronteras mientras vagaba por las cercanías de Melilla. Esa entidad alertó a la Defensora del Pueblo. Y cuando el muchacho ya había vuelto se topó con miembros de otra ONG, en este caso Human Rights Watch.

Demasiados ojos y oídos como para que las autoridades españolas, que niegan tener algo que ver con las expulsiones irregulares, puedan sortear las necesarias explicaciones. La fiscalía ha abierto una investigación a instancias de la Defensora del Pueblo en averiguación de responsabilidades. Hay muchas incógnitas a despejar en la secuencia de hechos; entre otras, quiénes son los supuestos policías que practican redadas arbitrarias y expulsiones irregulares a Marruecos, donde se presume que permanece todavía Mohamed, el guineano de 17 años al que echaron junto con Ibrahim.

Esta no es la peor de entre las historias de la inmigración en condiciones precarias, siempre llenas de zozobras y de muertes. No es peor, desde luego, que la del bebé de ocho meses que se ahogó frente a Melilla, el 8 de octubre, en el naufragio de la patera en que le habían metido junto con otras 13 personas. Pero Ibrahim y Mohamed eran adolescentes acogidos a la tutela de las autoridades españolas, en concreto las de Melilla, cuando les echaron. Por eso hay que averiguar quién viola los derechos humanos, de manera tan flagrante, en un país civilizado.