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EDITORIAL

Rebelión blanca

Los planes de privatizar la gestión de centros amenazan la calidad de la sanidad pública

Miles de trabajadores del sector sanitario madrileño, incluidos los médicos, habitualmente poco proclives a la protesta, están realizando paros y manifestaciones contra el proyecto del presidente del Gobierno regional, Ignacio González, de privatizar la gestión de seis hospitales y el 10% de los centros de salud. Este plan se ha lanzado tras una propuesta similar de María Dolores de Cospedal para cuatro hospitales de Castilla-La Mancha. Ambos políticos alegan que tratan de reducir el gasto sanitario para que este sea sostenible, y afirman que la gestión privada es más eficiente que la pública. La Comunidad Valenciana, donde el 20% de la población ya tiene como centro de referencia un hospital público de control privado, fue pionera en abrir esta senda que genera una lógica inquietud en los empleados públicos por sus condiciones laborales y una profunda preocupación a los ciudadanos, que temen una pérdida de la calidad asistencial.

La sanidad pública es una de las instituciones más apreciadas por los españoles, según demuestran todos los sondeos de opinión, y los análisis de los expertos destacan su alto nivel de eficiencia, su carácter universal y su relativamente bajo coste. El PP, sin embargo, parece decidido a transformar el modelo. Los paros y movilizaciones realizados los dos primeros días de la semana por el personal sanitario madrileño contra el proyecto de González han sido secundados de manera masiva, los médicos continúan en huelga indefinida de lunes a jueves y habrá una réplica la próxima semana. Pero el proyecto privatizador del partido hoy hegemónico en España sigue adelante, como en casos anteriores, sin un análisis que demuestre las bondades del nuevo modelo frente a un sistema público que, aun erosionado por los recortes y encarecido por el aumento de los copagos, funciona a satisfacción de los ciudadanos.

Trece años después de que el Partido Popular ensayara el modelo de concierto público en Alzira (Valencia), aún está por demostrar que aquel mejore la calidad asistencial con menor coste para el erario público. Es inaceptable que, por el contrario, el partido siga defendiendo dicho modelo como un mantra y que continúe enajenando bienes públicos tan esenciales con operaciones tan opacas como la que González ha puesto en marcha. El presidente madrileño defiende su proyecto en un escueto documento en el que se utilizan datos parciales de manera torticera para justificar la decisión tomada. Así, por ejemplo, se afirma que el coste por habitante es de 600 euros al año en los centros públicos frente a los 441 en los privados. No se especifica a qué hospitales se refiere tal ejemplo y qué tipo de tratamientos realizan uno y otro.

Frente al mantra del PP cabe preguntarse si sus políticos no están haciendo dejación de su responsabilidad de gestionar correctamente los bienes públicos. Y dado que no está probado, como defienden, que con menos dinero se pueda hacer más y, además, obtener beneficios privados, está más que justificada la alarma social que generan sus proyectos. En el último año, según el CIS, se ha casi triplicado el nivel de preocupación de los ciudadanos sobre el futuro de la sanidad pública. A ello no ayuda el hecho de que los servicios privatizados estén quedando en manos de un duopolio de facto formado por las empresas Capio y Ribera Salud.

Es evidente que el proyecto de González, como el de Cospedal o el de Eduardo Zaplana en su momento, responde a la ideología liberal del partido al que pertenece. Pero una cosa es fomentar la iniciativa privada y otra muy distinta jibarizar el Estado transfiriendo a aquella los supuestos excedentes públicos de un servicio esencial cuyos únicos beneficios debieran ser sociales.

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