Reconversión obligada

Bruselas ha impuesto a las entidades financieras españolas nacionalizadas (Bankia, NovaCaixaGalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia) unas condiciones draconianas. A cambio de una ayuda de 37.000 millones de euros, la Comisión Europea exige reducir el volumen de activos en un 60%, traspasar 45.000 millones en activos al banco malo con descuentos que van desde el 50% al 63%, fuertes quitas a los tenedores de preferentes y bonos bancarios y un duro proceso de reconversión que implica el recorte de 8.000 puestos de trabajo y el cierre de más de 1.000 oficinas. Bruselas relega a las cajas nacionalizadas a la operativa bancaria local y prohíbe que participen en el riesgo inmobiliario.

Esta es probablemente la reconversión largamente anunciada, pero nunca ejecutada, que las autoridades políticas y financieras españolas deberían haber diseñado a partir de 2009 y aplicado como muy tarde a partir de 2010. La dureza de las imposiciones no garantiza, a pesar del optimismo del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que bancos y cajas estén en disposición de suministrar crédito en los próximos dos años; pero es el único procedimiento viable y contundente para restablecer la normalidad financiera. La reconversión llega con retraso y sus efectos dependerán además de cómo se resuelva la segunda parte de la reforma financiera orquestada por Bruselas, la que atañe a las entidades que necesitan recapitalización pero no solicitan ayudas públicas.

Es evidente que a Bruselas le hubiera gustado imponer unas condiciones similares a algún banco; pero el peso de la reconversión cae sobre las cajas. Después de dos reformas fracasadas, la tercera, la de Bruselas, ha de ser la buena, porque la economía española no puede sobrevivir con una parte de su sistema bancario gripado. Es imprescindible que las entidades afectadas colaboren con el Banco de España y con el FROB, como ya ha anunciado que hará Bankia, para que la operación no fracase.