El ‘caso Urdangarin’

La fiscalía ha pedido que se fije una elevada fianza a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres (8,1 millones de euros) para asegurar la devolución de los fondos cobrados por el Instituto Nóos a cambio de negocios presuntamente ilegales con los Gobiernos autónomos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, atribuyendo al yerno del Rey “una actividad delictiva premeditada” para apropiarse de fondos de esas entidades públicas. La petición de fianza queda pendiente de la decisión del juez del caso, que de momento ha dado un plazo a las partes para que se pronuncien. Pero su formalización constituye un paso significativo en la continuidad del proceso que afecta al yerno del Monarca, no solo porque sigue su curso, como no puede ser de otra forma en un Estado de derecho, sino por la clara voluntad de obtener la restitución de dinero público supuestamente malversado.

A los tribunales corresponde establecer la verdad jurídica de lo sucedido y, en su caso, dictar sentencia. El meollo de la cuestión son los convenios establecidos por instituciones públicas con Nóos, una entidad teóricamente sin ánimo de lucro, que fue usada como pantalla para la captación de fondos destinados a empresas privadas de Urdangarin, de su exsocio o de ambos: casi seis millones de euros de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, so pretexto de la organización de eventos de muy dudosa necesidad vinculados al turismo y al deporte, y sin los debidos controles legales.

Los imputados podrán defenderse con las garantías que la ley les concede. Y eso es independiente del juicio moral que la sociedad ya ha efectuado. Parece suficientemente claro que el caso Nóos forma parte del relato de una época de España donde proliferaron el tráfico de influencias y la falta de respeto al dinero público. Urdangarin se mezcló con personajes que adquirieron mucho poder en la organización autonómica del Partido Popular, como el expresidente balear Jaume Matas, durante un tiempo en que todo parecía poco para dar lustre a ciertos políticos. En ese entramado de intereses se introdujo presuntamente el yerno del Rey.

Pese a los intentos que algunos han hecho de mezclar el caso Urdangarin con el prestigio de la Monarquía, lo cierto es que la Jefatura del Estado ha emprendido una serie de actuaciones de modernización en las que participa plenamente el rey don Juan Carlos, con el apoyo del jefe de su Casa, Rafael Spottorno. Que el yerno del Monarca responda ante la justicia por el manejo de sus negocios privados demuestra que se encuentra tan sometido a los órganos jurisdiccionales como cualquier otro ciudadano. Las responsabilidades penales y civiles exigibles a los imputados del caso Nóos en absoluto requieren un trato distinto del que debe recibir cualquier sospechoso de haber cometido delitos. Como el propio don Juan Carlos subrayó en su discurso de Navidad del año pasado, todos los ciudadanos son iguales ante la ley.