Una carta sin firma

“Como lector del diario EL PAÍS desde hace 20 años quería manifestarle mi más enérgica protesta por la publicación de la tribuna no firmada A nuestros lectores. Los términos de la misma referidos al conflicto laboral de EL PAÍS y a las medidas de protesta de los periodistas de la Redacción son inaceptables. No alcanzo a entender el motivo por el que esta tribuna no está firmada por su autor. ¿Reflejan los términos de la misma la posición del conjunto del diario? Sospecho que la gran mayoría de los periodistas que han secundado la huelga y se han movilizado estos últimos días no se sienten reflejados en la misma. Es evidente que las primeras víctimas del conflicto laboral de EL PAÍS son sus propios periodistas que han hecho grande el diario. Los lectores también nos encontramos desolados y no vemos reconocidas nuestras posiciones y quejas”.

Esta es parte de una carta de un investigador en Ciencias Sociales que firma Álvaro (aunque se identifica plenamente), de las varias recibidas con motivo del artículo publicado el pasado domingo donde se exponía la posición de la empresa editora ante el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se ha hecho efectivo esta semana. Una tribuna que se publicó sin firma. Uno de los lectores se refería directamente al carácter anónimo del artículo. J. Miguel Mas se preguntaba: “¿Quién escribía la nota? ¿El director, la empresa, los accionistas...? No deja de ser chocante que no se firme una nota en la que, entre otras cosas, se critica que los periodistas no firmaran sus artículos con motivo de su protesta. Creo que los lectores tenemos derecho a saber a quién corresponden las opiniones que en ella se planteaban. Se indica que EL PAÍS pertenece solo a sus lectores, no al Comité de Redacción ni a nadie más. Es una frase bonita, pero soy lector de EL PAÍS desde su fundación y no recuerdo que en ningún momento nadie nos haya consultado con motivo de ninguna de las transformaciones que se han realizado en este tiempo. Seamos claros: el periódico pertenece a la empresa editora y los lectores seguiremos siéndolo mientras consideremos que su contenido vale la pena”.

La firma de artículos con opinión o contenidos susceptibles de debate pertenece a la cultura de este diario y el propio Libro de estilo fija, especialmente en el caso de piezas “particularmente comprometidas o presumiblemente polémicas”, que los autores “deben responsabilizarse plena y públicamente de su información”. El artículo no contempla ninguna situación excepcional.

Es legítimo que la empresa publique su posición ante el conflicto y replique lo que considere falsedades. Durante el mes de negociación formal, la empresa, afirmaba en el escrito, ha guardado silencio por respeto al proceso negociador y porque de ninguna manera quiso involucrar a los lectores del diario en el mismo. No obstante, las cartas mencionadas reclaman que el lector, de la misma manera que tiene derecho a conocer la opinión de la empresa, debe tener acceso a la posición de los representantes de los trabajadores más allá de detalles de la plataforma económica presentada en la negociación del ERE. En el artículo se hacía un relato de parte de lo sucedido este mes y se citaba, por ejemplo, que los periodistas repartieron en algunos quioscos el domingo 28 una carta en la que “explicaban sus particulares puntos de vista” o que una veintena de colaboradores se sumaron también a la protesta con “el especioso” argumento de que había una amenaza de censura. Los lectores no han podido conocer, sin embargo, el detalle de estos particulares puntos de vista o los argumentos especiosos. Otra persona, en una llamada telefónica, reclamó poder conocer estos puntos de vista para, luego, formarse su propia opinión sobre lo sucedido. La transparencia informativa a que está obligado un medio ha de extremarse cuando él mismo es el sujeto de la noticia. Si se instala la desconfianza sobre la capacidad del propio diario para informar de su conflicto adquieren notoriedad todo tipo de informaciones o especulaciones en Internet. Marc Estapé, en otra carta, afirma que la noticia del ERE que la empresa ha llevado a cabo con la consecuencia del despido de periodistas “ha circulado por Internet con una velocidad atroz. Le escribo porque EL PAÍS no ha ejercido, a mi parecer, la transparencia debidamente. Lo digo en un sentido claro; no he visto (y he buscado) ningún artículo que mostrara la posición de los afectados por el ERE”.

El director afirma que consideró que el texto no debía aparecer firmado

Remití las citadas cartas, en la medida que plantean comprensibles quejas, al director el diario, Javier Moreno. Esta es su respuesta: “Quiero, antes que nada, aclarar la naturaleza del texto publicado el domingo pasado a propósito del conflicto laboral que ha vivido EL PAÍS en las últimas semanas, porque ese parece uno de los puntos que ha suscitado mayor controversia entre los lectores que han acudido al Defensor del Lector. Ese día el periódico publicó dos editoriales. Uno sobre la nueva formación profesional y otro sobre el escándalo que se ha abatido sobre la CIA y el general Petraeus. El texto A nuestros lectores se publicó en una página distinta a la reservada a los editoriales. Y ello fue así porque no se trataba de un editorial, pese a aparecer sin firma, sino de una carta del periódico a los lectores, como su nombre indicaba con claridad. En ella se recogían las causas del Expediente de Regulación de Empleo que había desatado el conflicto, las turbulencias vividas dentro de la Redacción y fuera de ella como consecuencia de aquel y la determinación en mantener la solvencia moral del proyecto colectivo que siempre ha sido EL PAÍS, pese a la crisis que azota España y la industria de los medios de comunicación. Como director, soy el responsable último ante los lectores y ante la ley de todos los textos que se publican en el periódico. También de este. Y consideré que, en tanto que comunicación institucional de la posición del periódico y de la empresa sobre lo sucedido en los últimos 30 días, el texto no debía aparecer firmado. ¿Recogía, como se queja algún lector, la posición de la mayoría de periodistas que secundaron los tres días de huelga? El texto ciertamente explicaba que esta se produjo en defensa legítima de los derechos de los trabajadores y que fue secundada por un 80% de la plantilla. Información que, por cierto, se proporcionó, con los datos correspondientes, en las páginas del propio periódico todas y cada una de las jornadas de huelga. En total, se publicaron seis informaciones sobre el conflicto, en las que se recogió la posición en contra del Comité de Empresa o la reprobación del presidente del periódico en una asamblea de trabajadores. Confío por otra parte en que las ‘posiciones y quejas’ de los lectores, cuya ausencia también ha suscitado protestas, queden adecuadamente reflejadas en esta tribuna del Defensor del Lector, la institución de la que se ha dotado el periódico para este fin. Lo lamento, pero resulta seguramente inevitable: en un conflicto de la gravedad y con las dolorosas consecuencias de un ERE, que finalmente ha afectado a 129 personas, las expresiones de protesta se multiplican y, junto a aquellas legítimas, se producen también no pocas acusaciones injustas, infundadas o directamente falsas o tendenciosas. Ellas se han dado en cartas abiertas, tribunas ajenas al periódico, medios digitales de variada reputación o incluso conferencias públicas. Considero que cubrirlas en su totalidad y refutar aquellas que así lo hubieran requerido hubiera excedido las páginas del periódico y hubiese supuesto una falta de respeto al involucrar a los lectores en un conflicto laboral que, vuelvo aquí a asegurar, no afectará en absoluto a la calidad de EL PAÍS, a su profesionalidad, a su independencia, así como a su permanente defensa de una idea laica, progresista y de continua modernización de la sociedad a la que se dirige, tanto en España como en América Latina”.