Dimisión en Madrid

El proceso judicial abierto por la tragedia en el estadio Madrid Arena se ha cobrado una primera víctima política en la persona de Pedro Calvo, delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, tercer teniente de alcalde y presidente de la empresa pública que gestiona el recinto en el que murieron cuatro adolescentes durante la fiesta de Halloween, en la madrugada del 1 de noviembre. El juez le ha imputado en el procedimiento y Pedro Calvo ha renunciado a sus cargos. Que un político dimita tras una imputación judicial debe considerarse positivo, pero llama la atención precisamente por lo infrecuente de tal actitud.

Es obvio que la imputación no implica una presunción de culpabilidad, sino que el juez le considera relacionado con los hechos que investiga, con posibles consecuencias penales. La empresa presidida por Calvo alquiló el estadio a la compañía organizadora del evento, tras una serie de deficiencias de seguridad conocidas desde 2010, pero aparentemente no subsanadas. Y se sabe también que la policía ha constatado el descontrol del aforo del estadio durante la fiesta. Quien está al frente de la empresa que gestiona el recinto se convierte, lógicamente, en persona de interés para el juez del caso, quien ha imputado también al empresario que alquiló el local y a los responsables legales de las compañías de seguridad contratadas al efecto.

Pero en el asunto concurren circunstancias extrajudiciales, que son los encontronazos entre el presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, y Ana Botella, alcaldesa de la capital. Aunque la oposición socialista pide la dimisión de la regidora, políticamente resultan más relevantes las presiones de Ignacio González, hombre del mismo partido que la alcaldesa, para que se exijan responsabilidades “cuanto antes” por lo ocurrido en el Madrid Arena.

Queda así en evidencia el vano intento de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para negar crisis interna alguna. Hay una encarnizada lucha de fracciones en la organización madrileña de este partido, cuyas riendas retiene Esperanza Aguirre, mentora de Ignacio González. Ni este último ni Ana Botella deben sus cargos a las urnas, sino a jugadas más o menos calculadas por sus antecesores, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, que sí se presentaron a las elecciones. Que esta fórmula sea legal no implica que deba ser eterna: los responsables de instituciones electivas necesitan de respaldo en las urnas, y no solo de las maniobras de clanes partidistas.

Para los ciudadanos es preciso que se haga justicia y que cuenten con garantías de seguridad razonables en actos públicos masivos, como lo fue la fiesta de Halloween. No es lo mismo que buscar ventajas políticas a costa de asuntos tan serios, entre responsables de instituciones de tanta relevancia como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.